martes 11 de febrero de 2020 - 12:00 AM

La salida en falso de Bukele

En una jornada inédita para el país centroamericano, el presidente Nayib Bukele, en una osada decisión, se tomó escoltado por militares, la sede del Congreso salvadoreño, para presionar la aprobación de un polémico crédito.
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La ‘luna de miel’ de Nayib Bukele en El Salvador duró poco menos de un año. Una crisis institucional estalló en sus manos, luego que el pasado domingo, irrumpiera custodiado por militares armados en el Congreso, tras la negativa de los diputados de aprobar un préstamo crucial para financiar su plan de seguridad.

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente del país centroamericano, que en febrero de 2019 eligió al empresario de 38 años como presidente con la esperanza de que acabara con los males que lo agobia: corrupción, violencia y pobreza.

Bukele, de raíces palestinas, gobierna contra la clase política histórica, por lo que es considerado un auténtico “outsider”. Esto, además, le ha valido una pugna constante en la Asamblea Legislativa -Congreso-, dominado por la oposición representada por los tradicionales FMLN y ARENA.

No solo le dio un ultimátum a la Asamblea Legislativa, incluso llamó a la insurrección (Artículo 87 de la Constitución), para que le aprueben el crédito de 109 millones de dólares que requiere para luchar contra las pandillas o maras, uno de los mayores problemas de seguridad del país que lo hacen uno de los más violentos del mundo.

La oposición no tardó en denunciar la maniobra de Bukele como un “autogolpe”, situación que desencadenó la actual crisis que ha puesto de nuevo a El Salvador en el foco de la atención internacional, tras sufrir una cruenta guerra civil que dejó al menos 75 mil muertos en la década de los 80.

Para Alejandro Alvarado, abogado y analista político, lo ocurrido en El Salvador es muestra del rompimiento de la separación de los poderes públicos, y considera que la presencia armada al interior del Congreso, es una clara falta de respeto a la separación de los mismos, que se traduce en una intimidación que coacciona a legisladores a tomar decisiones.

Además reitera, que “el choque de poderes es innegable, y esto lleva a un proceso de desinstitucionalización y de pérdida de legitimidad de la democracia”, cuando debe ser el resultado de un debate público en el seno del Parlamento.

En ese sentido, Miguel Gomis, profesor de Ciencias Políticas e Internacionales de la Universidad Javeriana, precisa que la separación de poderes es un tema clave en este caso.

Considera que Bukele ha hecho algo “torpe”, porque si bien tenía el objetivo de desbloquear una situación política, terminó por complicarla, pues ha convertido una “crisis política en una crisis institucional”.

Observa también un desgaste en los ocho meses de mandato de Bukele, a quien califica de “muy vengativo” y que se ha ensañado con los políticos vinculados los partidos tradicionales salvadoreños.

De hecho, lo describe como un “presidente que puede llegar a tener prácticas con tintes populistas y autoritarias”, porque quiere salirse de la política tradicional, pero lo que está demostrando con su comportamiento es grave, “primero se sale de sus casillas rápidamente” y hace el uso de palabras que podrían interpretarse erróneamente, refiriéndose al término “insurrección”, teniendo en cuenta el contexto de un país que ha vivido una guerra civil muy sangrienta.

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Esto, a su modo de ver, tiene un costo político, ya que el joven presidente gozaba de una imagen que despertaba cierta simpatía y expectativa sobre la manera de hacer política y de comunicarse.

“Ha mostrado comportamientos que rozan lo autoritario, lo que uno ve es que la imagen idílica se está modificando y lo que pasa es que el verdadero Bukele se empieza a adivinar”, subraya Gomis.

Sin embargo, reconoce que parte del su electorado lo ve como una “audacia política”, y hasta cierto punto no le molesta este tipo de decisiones que está tomando.

En esa misma línea se pronuncia Dionne Cruz, politóloga y docente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, quien advierte que el enfrentamiento de poderes y la militarización de la Asamblea Legislativa, no es para nada una señal positiva en un sistema democrático.

“Lo que muestra es que hay dificultades en el relacionamiento político que tiene el presidente Bukele con las fuerzas políticas que dominan el escenario legislativo”, agrega la experta.

Y se refiere a Bukele, lo que en política se llama como un “outsider”, sin mayor trayectoria, aunque haya sido alcalde la capital del país, San Salvador.

Igualmente califica como una “salida desesperada” la toma violenta de Bukele de la sede legislativa.

Sustenta lo anterior señalando, que aunque Bukele enarbole artículos constitucionales para justificar sus acciones, “en ningún caso, en el sistema democrático, se deben orientar las relaciones a través de mecanismos violentos o presiones de esta índole... el tema tiene que ver con el ejercicio democrático y que los partidos entren a jugar un rol”.

En este contexto de crisis, Cruz expone el trasfondo de un país, que a pesar de haberse esforzado para reducir los indicadores de inequidad, en definitiva esta dura situación socioeconómica permite el caldo de cultivo para los maras y el crimen organizado.

Por esa razón, Cruz sostiene que “poner contra la pared al Congreso no va ayudar a construir el diálogo social y democrático para resolver un problema de fondo que necesita no solo un plan de seguridad sino de reconstrucción económica, que trasciende las fronteras de El Salvador”.

Por su parte, Juan Carlos Rozo, profesor de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Houston (Estados Unidos), interpreta la decisión de Bukele como un elemento desestabilizador en un país centroamericano que tiene una crisis social y económica profunda.

Destaca el perfil populista y el carácter autoritario del actual mandatario, “un personaje autocrático, lo cual genera cierta preocupación en “El Salvador que tiene una historia de gobiernos dictatoriales con algunos paréntesis de democracia”.

Por último, enfatiza que la consecuencia de militarizar e intervenir las funciones legislativas, es una demostración de fuerza para imponer el Ejecutivo sobre el Legislativo, pero que en países inestables y débiles en términos institucionales, como El Salvador, pueden conducir a crisis más complejas con desenlaces violentos.

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