Las conexiones fraudulentas no se facturan y, por supuesto, no se cobran. Como no se cobran, no existe ningún impacto económico para quienes hacen un uso indebido del recurso, lo cual lleva a un consumo desmedido que agrava el desperdicio y las pérdidas comerciales.
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) cuenta con uno de los mejores índices de agua no contabilizada (pérdidas) de América Latina. Esto se debe a que ha implementado herramientas que le permiten identificar las causas de las pérdidas y desarrollar estrategias para minimizarlas. En el caso del amb, cerca del 77% del agua que se potabiliza, efectivamente se factura (en el resto del país, aproximadamente el 60%). El 23% restante se divide en pérdidas reales como fugas en acometidas, fugas y desbordamiento en tanques de almacenamiento y fugas en tuberías de conducción y redes de distribución; y pérdidas comerciales, donde encontramos inexactitud en la medición y el consumo no autorizado. Para las pérdidas reales, existe un catastro de redes, un plan de reposición, un sistema de monitoreo en tiempo real para controlar las presiones del sistema y múltiples obras de reparación con las que la empresa puede minimizar las fugas. En cuanto a las pérdidas comerciales, la cobertura de micromedición en el área de prestación del amb es del 100%, es decir que la totalidad de los suscriptores cuentan con micromedición. El problema, más allá de las posibles desviaciones en la micromedición, está en el consumo no autorizado.
Como lo he explicado anteriormente, existen múltiples zonas del área metropolitana que se encuentran por fuera del área de prestación. Asentamientos humanos, urbanizaciones piratas, predios rurales o en zonas de expansión que aún no cuentan con factibilidad de servicios y, en general, ciudadanos que no cuentan con el servicio recurren a conexiones fraudulentas, obteniendo el acceso al agua de forma ilegal y aportando de forma significativa al índice de agua no contabilizada del amb. Las conexiones fraudulentas no se facturan y, por supuesto, no se cobran. Como no se cobran, no existe ningún impacto económico para quienes hacen un uso indebido del recurso, lo cual lleva a un consumo desmedido que agrava el desperdicio y las pérdidas comerciales.
Resolver esto es una tarea difícil que solo es posible con la articulación entre el prestador de servicios, los entes territoriales y la comunidad. Sin embargo, son los alcaldes –como máxima autoridad de los entes territoriales– los responsables de los procesos de legalización de los asentamientos, la inversión en obras de mitigación de riesgos e infraestructura, el control urbano y la actualización oportuna de los POT de los municipios; tareas críticas que deben ser ejecutadas para poder llevar servicios de forma legal y así, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y recuperar una parte significativa de las pérdidas del Acueducto, del cual todos son accionistas.
