La reciente decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga ha sacudido el panorama político de la ciudad. La razón: doble militancia en la modalidad de apoyo, prohibida por la Constitución y por la Ley Estatutaria 1475 de 2011. La consecuencia: la convocatoria a elecciones atípicas en los próximos meses.
El fallo es jurídicamente incuestionable. La norma establece que ningún ciudadano puede militar en dos partidos de manera simultánea, que quien participa en una consulta debe respaldar al candidato que de allí resulte y que los elegidos no pueden apoyar aspirantes distintos a los de su colectividad. En ese sentido, la decisión de la justicia no admite discusión. Sin embargo, más allá del caso particular, son Bucaramanga y sus ciudadanos quienes terminan asumiendo el costo de empezar de nuevo.
Cada elección interrumpida trae consigo un golpe directo a la confianza en las instituciones. Implica pausar algunos proyectos, el desgaste de funcionarios y la obligación de destinar recursos públicos a organizar un nuevo proceso electoral. Los ciudadanos que acudieron a las urnas hace casi dos años deberán hacerlo otra vez, esta vez con la frustración de ver cómo su voluntad fue invalidada por errores evitables.
Esta situación debería ser un llamado de atención en dos direcciones. Primero, hacia los candidatos y sus equipos: la política es, ante todo, una responsabilidad. Quien aspire a gobernar una ciudad debe conocer a fondo la normatividad que lo regula, rodearse de equipos jurídicos sólidos y actuar con rigor frente a la ley. Es inaceptable que, por ingenuidad o desconocimiento, se cometan faltas que terminan costándole tanto a una ciudad.
Segundo, hacia los legisladores: sin desconocer la importancia de respetar las normas, cabe preguntarse si sanciones tan drásticas como la nulidad de un mandato son siempre proporcionales a la falta cometida. Esta medida no recae únicamente en un individuo o a un partido, sino a toda la población, que debe asumir cambios abruptos en la gobernabilidad de su ciudad.
No se trata con ello de promover impunidad, sino de abrir un debate serio sobre la necesidad de alternativas que permitan sancionar estas conductas sin imponer un costo tan alto a la sociedad.
Lamentamos lo ocurrido en Bucaramanga y esperamos que la atención no se centre en quién ganó o perdió, sino en la fragilidad que evidencia la democracia y la política cuando no se respetan las normas. El verdadero desafío del nuevo proceso electoral será recuperar la confianza ciudadana y demostrar que los bumangueses son capaces de superar cualquier dificultad sin perder el rumbo de la ciudad.
