En Santander, miles de familias siguen enfrentando una realidad aparentemente invisible para la política pública: viven en asentamientos humanos informales, sin acceso a una vivienda digna y sin una ruta clara para formalizar su situación. No es un problema nuevo, pero sí es un problema cada vez más grande. Son familias trabajadoras, que han levantado sus casas con esfuerzo, pero que permanecen atrapadas en la incertidumbre por falta de alternativas reales.
Las dificultades son múltiples y bien conocidas. La primera, y quizás la más urgente, es la imposibilidad de acceder a los servicios públicos básicos. Mientras la mayoría de ciudadanos abre la llave del grifo con la tranquilidad de tener agua potable, estas comunidades dependen de pilas públicas y conexiones improvisadas, muchas veces fraudulentas. Lo mismo ocurre con el alcantarillado: sin redes formales, el impacto ambiental y sanitario es evidente.
A esta situación se suma la falta de apoyo institucional. Los procesos de legalización avanzan con lentitud o, en ocasiones, simplemente no avanzan. Los planes de ordenamiento territorial están desactualizados y los instrumentos de planificación que deberían orientar un desarrollo ordenado terminan convertidos en letra muerta. Mientras tanto, la realidad de los barrios informales crece a un ritmo mucho más rápido que la capacidad de los gobiernos locales para responder.
La carencia de una oferta suficiente de vivienda formal agrava la situación. Las familias de bajos ingresos no encuentran proyectos accesibles ni programas efectivos de subsidio que les permitan comprar una vivienda legal. Esa ausencia de soluciones abre la puerta a los peores actores del mercado: los urbanizadores piratas. Amparados en la necesidad, estos inescrupulosos venden lotes sin servicios, sin licencias y sin ninguna garantía, dejando a miles de familias en un callejón sin salida, engañadas y sin posibilidad de recuperar su dinero.
Este panorama no puede convertirse en una apología de la informalidad ni en una justificación de la invasión de predios públicos o privados. Al contrario, debe ser un llamado urgente a enfrentar de manera estructural el problema de la vivienda social en el departamento. Si no hay soluciones materiales, las familias seguirán llegando a las laderas, a las rondas de los ríos y las zonas de protección, reproduciendo un círculo de marginalidad que se repite en cada generación.
Reconocer la existencia de los asentamientos humanos no significa legitimarlos, sino asumir la responsabilidad de transformarlos en barrios con servicios, con legalidad y con oportunidades reales. Resolver este desafío es una condición indispensable para garantizar calidad de vida, equidad social y un territorio digno.
