Si por la alcaldía de Bucaramanga llueve, por la gobernación de Santander no escampa. Al gobernador, y a la administración departamental, las cosas no les están saliendo bien. Los desaciertos les están pasando factura.
A comienzos de septiembre dejaron sin efecto la tasa especial para el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana. La derogaron. No les quedaba alternativa. En sus declaraciones, el gobernador indicó que lo hacían para no afectar el bolsillo de los santandereanos, que, como el de todos los colombianos se verá afectado por el proyecto de reforma tributaria que el gobierno nacional radicó en el Congreso de la República. Sin embargo, de eso nada se dijo, ni en la exposición de motivos, ni en la ordenanza aprobada.
Una simple lectura de ambos documentos deja claro que la demanda de nulidad contra la ordenanza y las decisiones del Tribunal Administrativo de Santander fueron las únicas razones que se tuvieron en cuenta.
No ha sido el único tropiezo. El año pasado, la administración departamental comunicó dos decisiones trascendentales. Anunció que la Asamblea autorizó la creación de la Empresa Santandereana de Licores, e informó que los permisos de introducción de aguardiente en el departamento quedaban suspendidos durante seis años. Ambas terminaron en entredicho.
La prohibición de introducir aguardiente sufrió un duro golpe. La norma que la establecía fue declarada inexequible, y la intención de proteger a la recién creada Empresa Santandereana de Licores quedó, literalmente, en el aire. La Secretaría de Hacienda, a regañadientes, tuvo que autorizar la introducción, comercialización y distribución de aguardiente en el departamento. Una de las beneficiadas, paradójicamente, fue la Empresa Licorera de Santander S.A.S., actual propietaria del Aguardiente Superior.
¿Y la licorera oficial?
Los motivos que los llevaron a crearla, en el papel, eran ambiciosos: fortalecer las finanzas públicas y el desarrollo económico y social del departamento. Hablaron de la generación de mil doscientos empleos indirectos, de la producción de un millón de botellas de destilados al año y del beneficio a propietarios y productores de más de sesenta y un mil hectáreas de caña sembradas en la hoya del río Suárez.
Nombraron gerente. Lo posesionaron. Hoy, más de un año después, de la producción y comercialización de aguardiente y otros destilados es muy poco, casi nada, lo que se sabe.
A propósito, ¿qué estarán pensando los productores de caña a quienes les prometieron el oro y el moro con el proyecto?
Hace poco, a su vecino, por causa de algunos traspiés que afectaban su gestión, le sugerimos que un baño de ruda no le vendría nada mal. Por cómo van las cosas en el departamento, el gobernador y algunos de sus colaboradores deberían contemplarlo. ¿Será que se apuntan?
