El intento de nombramiento como viceministra de juventudes de Juliana Guerrero además de ser un caso de corrupción y la historia de un título universitario cuestionado es, sobre todo, es la evidencia de la doble moral del Gobierno nacional: critica con severidad los errores ajenos y una complacencia casi afectuosa cuando la irregularidad ocurre dentro de sus propias filas. Este episodio, revela la falta de ética de un proyecto político que prometió erradicar la corrupción y generar un “cambio” en Colombia
Guerrero obtuvo, a través de la Fundación Universitaria San José, un título profesional sin cumplir requisitos básicos como la presentación de las pruebas Saber, asistir a clase y presentar exámenes. La universidad terminó anulando los títulos, destituyendo a un directivo y la Fiscalía abrió la investigación correspondiente.
Lejos de rechazar el hecho, exigir explicaciones claras o asumir un compromiso real con la transparencia, el gobierno reaccionó minimizando, justificando o incluso victimizando a Guerrero. Esa actitud contrasta con la contundencia que el Gobierno suele mostrar cuando las denuncias recaen sobre opositores o instituciones fuera de su órbita política. En esos casos, la indignación es inmediata. Pero cuando la irregularidad toca a alguien cercano, la narrativa cambia: la corrupción se vuelve “persecución”, la investigación “montaje”, las evidencias “dudas razonables” y la defensa insultos y groserías.
Frente a ese panorama, la actuación de la congresista santandereana Jennifer Pedraza ha sido determinante. Pedraza ha liderado un riguroso trabajo de denuncia pública, investigación documental y exigencia de rendición de cuentas. Fue ella quien expuso las irregularidades del caso y lo llevó a los medios y a la Fiscalía. Su postura ha sido incómoda pero necesaria: recordó que el control político es necesario para dejar en evidencia las jugadas de quienes se amparan en el poder.
La congresista también insistió en que este no es un hecho aislado, sino una alerta sobre posibles redes de expedición irregular de títulos. Su trabajo ha obligado al Ministerio de Educación a abrir investigaciones y a la universidad a responder por sus fallas.
Que una institución entregue títulos sin cumplir requisitos es grave; que el Gobierno intente justificarlo, lo es aún más. Lesiona la confianza en la educación y en la igualdad de oportunidades. ¿Cuántos jóvenes deben cumplir procesos estrictos mientras otros acceden a atajos gracias a cercanías políticas?
La desconfianza es tal, que los gobiernos europeos cerraron las puertas a la convalidación de títulos colombianos. Miles de estudiantes y jóvenes afectados. ¡Gracias Juliana!
El Gobierno prometió transparencia. Pero el caso Guerrero demuestra que su lucha contra la corrupción parece depender más de la cercanía ideológica que del compromiso real con la verdad. Ese doble rasero es, quizá, la forma más dañina de corrupción pública.
