Si algún ingrediente le faltaba a la campaña por la alcaldía de Bucaramanga en el marco de las elecciones atípicas, el episodio que se conoció con ocasión de las solicitudes de revocatoria de la inscripción de uno de los candidatos completó el cuadro.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tuvo que resolver cerca de una veintena de solicitudes de revocatoria de la inscripción de Cristian Fernando Portilla Pérez como candidato a la alcaldía de Bucaramanga; dentro de ellas, la del abogado Juan Nicolás Gómez Herrera. El viernes pasado las negó todas. Igual suerte corrieron los recursos.
Tirios y troyanos no tardaron en hacerse sentir. Unos, para celebrar la decisión; otros, para cuestionarla. Persisten en afirmar la inhabilidad. Si Portilla Pérez resulta elegido demandarán el acto de elección. Quedó advertido. No lo van a dejar gobernar.
Pero el tema no es ese. En dos párrafos de la resolución, el CNE se refiere a Gómez Herrera y a los argumentos que expuso para sustentar la revocatoria de la inscripción. De acuerdo con la providencia, el abogado citó una sentencia inexistente de la Corte Constitucional para afirmar la inhabilidad.
¡Quiso engañar al CNE! ¡Háganme el favor!
No lo logró. Los magistrados se dieron cuenta de que en la relatoría de la Corte Constitucional no hay rastro de una sentencia de unificación que Gómez Herrera invocó para afirmar que la supervisión de contratos implica ejercicio de autoridad administrativa. Esa providencia, concluyó el CNE, “carece de soporte verificable, por lo que no es posible conferirle valor argumentativo dentro del análisis de la solicitud de revocatoria”. Hay más. Aunque no lo dice, lo mismo pasa con dos pronunciamientos del Consejo de Estado que Gómez Herrera citó en sus escritos. ¡No existen!
¡Vergonzoso! Aunque, a decir verdad, por la forma en que se llevó a cabo la campaña, no tiene nada de raro. Por donde se le mire, no fue una campaña limpia. Ninguno de los candidatos se salva. Sus seguidores, menos. Unos más que otros se valieron de toda clase de argumentos para llamar la atención a costa de sus contendores. Los agravios, las descalificaciones y las especulaciones abundaron. El uso de la Inteligencia Artificial no se quedó atrás. Incluso alcanzó para inventarse precedentes judiciales. ¡Patético!
Esta vez, contrario a lo que ocurrió en Oiba, el CNE resolvió las solicitudes de revocatoria de la inscripción. En lo que se quedó corto fue al no compulsar copias para que los órganos competentes investiguen los posibles delitos y faltas disciplinarias en que pudo incurrir el abogado. No se trató de un simple descuido de verificación. Fue un intento deliberado de manipulación. Tanto, que la Comisión de Disciplina Judicial y la Fiscalía deberían intervenir para sentar un precedente ejemplar.
