El reciente aumento del salario mínimo en Colombia, un histórico 23% para el 2026, ha encendido las alarmas en varios sectores de la economía. Si bien elevar el ingreso de los trabajadores más vulnerables responde a un anhelo de justicia social, el optimismo con el que se celebró este anuncio podría eclipsar una realidad preocupante: el posible cierre de jardines infantiles y colegios privados que hoy luchan por sobrevivir.
El Ministerio de Educación Nacional ha determinado que las matrículas, pensiones y otros cobros recurrentes en los colegios privados podrán ajustarse entre el 5,6% hasta un máximo del 9,1% este año, teniendo en cuenta criterios como calidad educativa y atención a población con discapacidad. Esa cifra, a simple vista, podría ser apropiada. No obstante, al contrastarla con el alza abrupta del salario mínimo y las señales de presión financiera que ya emiten dirigentes del ser educativo, las escuelas y jardines, ubicados en regiones con menores ingresos, se ven significativamente afectados, dependiendo casi exclusivamente de matrículas y pensiones para cubrir sus costos. Un incremento de salarios tan desalineado de los ingresos de las familias y las tarifas escolares puede convertirse en un cóctel riesgoso.
Los sindicatos y asociaciones escolares advierten que esta brecha entre ingresos familiares y costos operativos podría traducirse en reducción de personal administrativo, contratación informal para reducir costos, disminución de servicios complementarios o, en un peor escenario, cierre de instituciones. Este panorama no solo perjudica a empresarios educativos, sino que golpea directamente a padres y madres de familia, particularmente a quienes habitan fuera de los grandes centros urbanos, donde la oferta educativa pública no siempre es suficiente ni de calidad homogénea.
Otro punto por considerar obedece a la sostenibilidad del modelo educativo privado del país. Si las tarifas no pueden modificarse al mismo ritmo que suben los costos, incluidos salarios, los colegios podrían verse obligados a trasladar ese desbalance al precio final de la educación. ¿Puede una familia promedio asumir tarifas escolares creciendo tres veces más rápido que sus ingresos disponibles? ¿Estamos condenando a muchos jardines infantiles y colegios a cerrar sus puertas, cuando resulta imprescindible ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa?
No se trata de minimizar la importancia de un salario justo. Es imperativo reconocer que una política salarial de tal magnitud tiene consecuencias colaterales que demandan respuestas integrales: ajustes de tarifas educativas realistas, subsidios temporales para instituciones en riesgo y una concertación más profunda entre Estado, gremios y familias. Solo así podremos garantizar que la educación no se convierta en una víctima silenciosa de una política bienintencionada, pero financieramente desequilibrada.
