El llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda, en su rol de líder de la oposición en el Legislativo frente al gobierno de Abelardo De la Espriella a partir del siete de agosto, ha generado fuertes reacciones entre los líderes del nuevo gobierno, como el vicepresidente Restrepo y Rodrigo Lara, próximo ministro del Interior, quienes lo han presentado como un ataque a la institucionalidad democrática y a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
Frente a estas reacciones, lo primero que hay que señalar es que las palabras de Cepeda ocurren en un contexto político en el que medio país mantiene preocupaciones sobre asuntos como el respeto del nuevo gobierno a los avances sociales logrados durante los últimos cuatro años y a las libertades de expresión, crítica y disenso. También existe inquietud por la garantía de la soberanía y de los intereses de nuestra patria, considerando el conflicto de lealtades nacionales que arrastra el presidente electo y que ha sido advertido por destacados juristas como Rodrigo Uprimny y Ramiro Bejarano.
De otro lado, el llamado a la «desobediencia civil pacífica» hecho por el senador de la oposición encuentra asidero en la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, que la considera una derivación del derecho a la libertad de expresión. En el mismo sentido, la Sentencia T-571 de 2008 sostiene que esta forma de protesta, lejos de subvertir la democracia y la Constitución, las robustece, en tanto no busca desconocer los principios de nuestra organización jurídico-política, como son los derechos humanos, sino propiciar su cabal cumplimiento en el marco del Estado social de derecho. Del mismo modo, a propósito de las justificaciones jurídicas, morales y políticas de la desobediencia civil en nuestro ordenamiento constitucional, la Sentencia T-603 de 2012 reconoce que la obediencia a las autoridades no puede ser ciega ni incondicional, sino reflexiva.
Esto último nos pone frente al problema de la legitimidad del poder, planteado por el ensayo del filósofo liberal Henry David Thoreau, publicado en 1849. Thoreau, considerado el padre de la desobediencia civil, quien se negó a pagar impuestos para protestar contra la esclavitud y la invasión de Estados Unidos a México, argumenta que, cuando el gobierno actúa contra la voluntad del pueblo o viola los derechos humanos, los ciudadanos tienen el derecho y el deber moral de resistir y desobedecer como camino para transformar las condiciones sociopolíticas.
Así las cosas, lo que Cepeda anuncia es que, si las promesas de De la Espriella de gobernar para todos se quedan en el discurso, ejercerá la oposición política en el marco de la Constitución de 1991 e inspirado en Thoreau, cuya defensa de la desobediencia civil inspiró, no en vano, a Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela y otros grandes líderes que lucharon pacíficamente por la libertad y los derechos humanos.
