Un terremoto, un voraz incendio o cualquier catástrofe natural no avisa y desnuda nuestra frágil existencia. En pocos segundos puede destruir edificios, cobrar vidas y borrar planes a futuro, transformando por completo la manera en que vivimos y rompiendo la ilusión de que tenemos todo bajo control.
El filósofo Martin Heidegger hablaba del “ser-para-la-muerte” como una condición que nos enfrenta con nuestra propia finitud, es comprender la escasez del tiempo y resignificar nuestras decisiones, sin distracciones banales como las discusiones políticas, el estatus, entre otros. No se trata simplemente de recordar que vamos a morir, sino de comprender que nuestro fin y el de quienes nos rodean es una posibilidad constante que define la existencia.
El terremoto del pasado 10 de agosto, con sus lamentables pérdidas humanas y materiales, también debería obligarnos a preguntarnos, ¿qué consideramos realmente importante antes de que ocurra una tragedia?
Una catástrofe de esta magnitud pone a prueba las prioridades del Estado. El nuevo Gobierno tendrá que confrontar sus promesas de campaña con una realidad inesperada. La reconstrucción de viviendas, infraestructura, servicios públicos y economías locales exige recursos, capacidad institucional y decisiones que modifican el panorama planteado en época de elecciones.
Eliminar el impuesto al patrimonio, como se prometió en el discurso de posesión, una semana después se vuelve una quimera ante la necesidad de recursos para reconstruir el Pacífico colombiano. La construcción de megacárceles pasará a un segundo renglón, estando por delante la asistencia social y la vivienda; la reactivación económica de los municipios afectados y la inyección de recursos para el Chocó exigirán un aparato estatal fuerte y robusto, con una descentralización inteligente y mesurada que permita el cumplimiento de los fines constitucionales del Estado.
Sin embargo, si bien hablamos de “reconstruir”, es necesario también cambiar nuestro paradigma de la planificación para “prevenir”. El departamento de Santander, donde se presenta el 60 % de los sismos en el país, no está preparado para un sismo de tal magnitud. No podemos controlar cuándo ocurrirá un terremoto, pero sí podemos decidir dónde construimos, cómo ocupamos el territorio, qué infraestructura protegemos y cuánto invertimos en reducir nuestra vulnerabilidad.
Debemos asumir la prevención con seriedad, sobre todo en Santander. Por eso, la reconstrucción no puede ser únicamente física; debe ser institucional y territorial. Los planes de desarrollo, las inversiones públicas y privadas y el ordenamiento territorial deben incorporar la prevención del riesgo como una prioridad estructural, no como una reacción posterior al desastre.
La naturaleza no está bajo nuestro control. Nuestra vulnerabilidad, en cambio, muchas veces sí depende de nuestras decisiones. No podemos evitar que la tierra tiemble, pero sí podemos decidir cuánto estamos dispuestos a permitir que destruya.
