Subir el salario mínimo a dos millones de pesos para el 2026 suena, en primera instancia, como una victoria para el trabajador. En un país donde el costo de vida no da tregua, la idea de un aumento del 23,2% genera una ilusión de bienestar que cualquier familia recibiría con los brazos abiertos. Sin embargo, cuando aterrizamos la cifra a la realidad del mercado, esa “ilusión monetaria” se desvanece más rápido de lo que llega la quincena.
El problema no es que el trabajador no merezca ganar más; el problema es que, sin un sustento técnico, ese aumento se traslada casi de inmediato a los precios de los arriendos, la comida, el transporte y la educación. Al final, lo que el ejecutivo entrega con una mano, el mercado lo quita con la otra, dejando al trabajador en el mismo sitio, pero con una economía más inestable.
Si esta decisión fuera el resultado de un estudio técnico serio —como lo ordena nuestra Constitución—, estaríamos hablando de una remuneración real que cubra las necesidades básicas. Pero aquí lo que parece brillar es la desviación de poder con fines electorales. Estamos ante un populismo puro y duro que, bajo una narrativa de protección social, ignora que el 90% del tejido empresarial en Colombia lo sostienen las MiPymes. Para una pequeña empresa, un salto de esta magnitud no es una estadística, es una sentencia de muerte que obliga a recortar nóminas.
El resultado es un círculo vicioso peligroso: más desempleo y un empuje hacia la informalidad, donde ya malviven más de 11 millones de colombianos que no alcanzan ni siquiera el mínimo. Menos empleo formal significa menos personas cotizando y, por ende, un futuro pensional hipotecado para las próximas generaciones.
Además, la ley no es una sugerencia. La Ley 278 de 1996 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional son claras: un decreto de este tipo debe estar motivado con rigor. No se pueden ignorar factores como la inflación, la productividad o el PIB para fijar cifras al azar. Si sumamos los indicadores reales, el incremento difícilmente debería superar el 12,48%. Intentar llegar al 16% o más, basándose en interpretaciones erróneas o dobles contabilidades de auxilios de transporte, es un error técnico que ya ha causado la nulidad de decretos en el pasado.
Ante este panorama, el Consejo de Estado tiene una responsabilidad histórica. Es indispensable que se estudie la suspensión provisional de este decreto para evitar consecuencias mayores. No se trata de estar en contra del bienestar del trabajador, sino de evitar que un capricho político termine destruyendo la formalidad laboral y condenando a los más vulnerables al hambre del mañana por una promesa vacía de hoy.
Argumentos para las elecciones de mayo.
