A pesar de las peticiones elevadas por un sector de concejales y líderes comunales que abogaban por un aumento del descuento por pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU) hasta el 20 %, el pasado viernes 30 de enero las mayorías del Concejo de Bucaramanga aprobaron la propuesta de la administración municipal de ampliar el plazo de pago, manteniendo apenas un 10% de descuento. La decisión dejó un profundo sinsabor en la mayoría de los contribuyentes, quienes han soportado durante tres años consecutivos incrementos exorbitantes e irregulares, tanto en los avalúos catastrales como en el valor final del IPU, muy por encima de lo establecido por la norma para las vigencias 2025 y 2026, que es del tres por ciento (3 %).
Tal como lo manifesté en la sesión extraordinaria del Concejo en la que se aprobó el descuento, se requiere una reestructuración integral de los procesos de operación catastral y administración del predial, así como en el ejercicio decidido de acciones judiciales por parte de los contribuyentes, orientadas a obtener la devolución de los valores cobrados indebidamente. Aun así, se esperaba una mayor sensibilidad y comprensión en la aprobación del descuento frente a la difícil situación económica que atraviesan miles de familias, en una ciudad que hoy ostenta el costo de vida más alto del país, que en buena medida se explica por la carga desproporcionada del IPU.
Según datos oficiales del DANE, Bucaramanga lideró en 2024 el Índice de Valoración Predial (IVP) con un incremento del 5,57 %, el más alto entre las 22 ciudades capitales del país. Este indicador refleja la variación porcentual del valor de los predios de uso habitacional y resulta preocupante si se tiene en cuenta que el municipio no ha adelantado un proceso formal de actualización catastral, el cual está previsto para el año 2027. No obstante, para las vigencias 2025 y 2026 mientras el avalúo solo podía incrementarse dentro de los límites fijados por el Gobierno Nacional, el impuesto predial fue liquidado con aumentos que alcanzaron hasta el 50 %, como consecuencia de la aplicación de retroactivos tributarios, una práctica prohibida por el ordenamiento jurídico colombiano.
Lo que ha ocurrido con el impuesto predial en Bucaramanga es único en el país. Es una señal de alerta institucional que exige reacción inmediata. Cuando el impuesto se incrementa muy por encima de los topes legales, cuando se aplican efectos retroactivos y se desatienden los principios de legalidad y certeza tributaria, estamos ante una posible ilegalidad sistemática que no puede normalizarse. La ciudadanía debe informarse, organizarse y exigir explicaciones, y sus representantes están llamados a ejercer control político. Guardar silencio compromete la legitimidad del sistema tributario local y profundiza la desconfianza en las instituciones.
