Hace unos días, el Tribunal Administrativo de Santander admitió una acción popular que busca proteger los derechos a la salud y los derechos humanos de la población de Barichara, Villanueva y Cabrera. Como consecuencia, se adoptaron medidas cautelares. Este hecho no es solo una gran noticia, sino también una lección clara sobre la importancia y el valor de las veedurías ciudadanas y del control social.
Lo sorprendente del caso es que las entidades accionadas, sobre las cuales recaen las medidas cautelares, entre ellas el municipio Barichara, dicen desconocer el hecho y buscan argumentos jurídicos para desentenderse del tema, como si no fuera con ellas. ¿Dónde queda el compromiso y la obligación de garantizar el agua en óptimas condiciones a su población?
¿Será esta otra administración que se suma a la larga lista de administraciones que no enfrentan la problemática de manera directa, con acciones contundentes y definitivas?
Cuando más de 6.800 personas se encuentran expuestas al riesgo de consumir agua con presencia de Escherichia coli, no estamos ante una falla menor de la administración local: estamos frente a una amenaza directa a la salud pública y a la dignidad humana. Resulta preocupante que la respuesta institucional decisiva haya llegado gracias a la acción impulsada por la ciudadanía organizada y no por iniciativa administrativa de los gobernantes, como debería ser.
Este caso demuestra que la participación informada transforma realidades. La acción colectiva, las denuncias sustentadas y el uso de mecanismos judiciales no son actos de confrontación caprichosa contra la autoridad; son expresiones legítimas de corresponsabilidad democrática. Una comunidad que vigila no es un obstáculo; es un aliado para que la gestión pública funcione mejor. Lamentablemente, algunos actores públicos no lo han querido entender así, quizá para no admitir la falta de voluntad política o de eficiencia al momento de responder a las necesidades de la comunidad.
La protección del derecho al agua no debería depender de procesos judiciales. Pero cuando estos se vuelven necesarios, evidencian algo fundamental: la democracia no se sostiene solo con instituciones, sino con ciudadanos que participan, observan y exigen.
La veeduría ciudadana no es desconfianza: es cuidado colectivo de lo público. Y cuando se ejerce con rigor, puede marcar la diferencia entre el abandono y la garantía efectiva de los derechos.
Hoy quiero resaltar el trabajo juicioso de la Veeduría del Agua EOT y Ambiente en Barichara y de todas las personas de la región que han dedicado buena parte de su tiempo y recursos al bienestar colectivo, a través de sus acciones de control social. Los resultados ya empiezan a materializarse. Esperemos que las autoridades competentes respondan como corresponde y actúen finalmente frente la problemática dela agua.
