Una de las frases más colombianas, en reuniones de cualquier índole, cuando se trata de asentir, darle validez o reafirmar de buena fe que se tiene la certeza sobre el asunto en conversación es decir ‘póngale la firma’, como queriendo darle plena validez a lo que esto pueda contener. Es una forma muy coloquial de darle reconocimiento al trazo gráfico de cada persona, que como las huellas digitales, atesora como único, original e irrepetible.
Estampar la firma en un cheque -documento financiero en vía de extinción- es ordenar un pago, la mayoría de trámites se sella aún con la rúbrica como ese rasgo distintivo que lo hace genuino, tanto, que nos inventamos la burocrática autenticación en notaría de tal forma que se garantice, por un tercero, su legalidad. Es usual que, por evitar la lectura de la letra menuda le preguntamos al interlocutor, casi que irresponsablemente, “¿dónde le firmo?”, para ganar tiempo.
Esta semana, la curtida periodista Cecilia Orozco reveló en su columna semanal de El Espectador que algo más del sesenta por ciento de las cinco millones de firmas recolectadas por el abogado Abelardo de la Espriella, entregadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribir su candidatura a la presidencia de la República en representación de un grupo significativo de ciudadanos, no fueron avaladas -lo que no significa falsedad- por incumplir algún requisito.
La Registraduría, de inmediato, hizo público un comunicado en el que aclaró de los veintidós grupos significativos de ciudadanos que presentaron firmas, con algo así como la friolera de veintiocho millones de rúbricas para revisar en un lapso muy corto, solo se encontraron inconsistencias consideradas como delitos por fraude en dos de ellos. Para los demás se hallaron incidencias como datos ilegibles o que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación, entre las principales causas.
De la Espriella se pronunció señalando a la periodista como una activista más que quiere torpedear su aspiración, de tal forma que el periódico El Espectador, en su editorial del viernes, llamó la atención al registrador Hernán Penagos, al advertir que no basta con decir que la invalidación se debe a múltiples razones, a pesar de que la solicitud previa hecha por la columnista sobre un asunto que es de dominio público, salvo la identificación de las firmas, no fue atendida.
“No podemos entender cómo se está usando el proceso de recolección de firmas si no se comparten los datos de manera pública y verificable. Si la Registraduría no quiere ser objeto de dudas, hay explicaciones que darle al país”, reclama el periódico. Si hay algo que no le sirve justo a este proceso electoral en ciernes es que se tiña de opacidad. Póngale la firma, Registrador.
