Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical recomendaron a sus seguidores no participar en las consultas presidenciales de este 8 de marzo, argumentando “coherencia y responsabilidad política”, con el objetivo de preservar la unidad interna de una militancia que han perdido por la desconexión con las bases; situación que les ha impedido tener candidatos propios para competir por el poder, por ausencia, además, de líderes auténticos y de propuestas que identifiquen la ideología que dicen tener los estatutos. De paso, la invitación es una clara muestra de debilidad; de miedo a la fuga de votos; del temor que les causa que, al solicitar el tarjetón de una consulta externa, terminen enamorándose de otro proyecto.
Y si la recomendación fue por estrategia política para la primera vuelta presidencial, resulta incongruente frente a la intensa polarización Petro-Uribe. Si querían ser coherentes con el momento, debieron, entre ellos, haber armado una consulta para mostrar un camino alternativo al electorado. Sin embargo, se aislaron, dejaron de participar en los foros de discusión en los que se trataban los problemas nacionales de gran importancia y se concentraron en la mecánica electoral de la elección de congresistas.
De haber seguido esa ruta que tanto anhelaba la ciudadanía preocupada por el estado actual del país, el escenario no sería el que evidencia la tendencia: la continuidad del gobierno de izquierda, a las puertas de las elecciones presidenciales. Y no se hizo por la elevada autoestima que hace levitar a los dirigentes de cada partido al creerse, cada uno, poseedores del derecho de gobernar la nación. Y, en cambio, van a ser congruentes con su tradición: acomodarse al ganador para conseguir dádivas, puestos y contratos para mantener el poder.
Votar es un derecho inalienable con el que se ejerce la soberanía popular. Hacerlo en una consulta externa, como debió ocurrir, no implicaba que debieran ser parte de un partido político, porque en ella se permite la participación de los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Y si se vota en una consulta interna, se está participando en la conformación, ejercicio y control del poder político, al seleccionar candidatos propios de su partido o en coalición, facultad que nunca le han otorgado a la militancia por temor a perder el poder, de ahí la selección a dedo.
En una democracia normal, el resultado favorable de una consulta popular es vinculante y de obligatorio cumplimiento para el Congreso de la República y para el gobierno; mecanismo idóneo para contrarrestar su ineficacia. Pero ahora, además, la ceguera de los dirigentes partidistas les ha impedido percibir la lección de Petro: su congruencia en política. Ojalá que ella no nos conduzca a cuatro años más de gobiernos de izquierda.
