La semana pasada, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cerró el caso Colmenares. Con ello terminó uno de los procesos más mediáticos del país. Pero lo que dejó abierto es más inquietante: la sensación de que nunca se logró saber con certeza qué sucedió.
Durante años se discutió si se trató de un homicidio o de un accidente. La respuesta, al final, no pudo demostrarse. Y en derecho penal eso tiene una consecuencia clara: si no hay pruebas suficientes, no se puede condenar y la absolución, en ese escenario, es una obligación.
Lo indignante no es la absolución. La decisión se tomó en derecho y conforme a las reglas del proceso penal. Lo que realmente preocupa es otra cosa: que, después de una investigación prolongada, un desgaste judicial evidente y una inversión significativa de recursos —incluidos múltiples peritazgos—, el sistema no haya logrado establecer con claridad qué fue lo que ocurrió.
Sin embargo, el problema de este caso no está en la decisión final. Está en el camino que llevó hasta ella. La investigación tuvo fallas importantes: relatos que cambiaban o se contradecían, dudas sobre los estudios técnicos y una forma de construir el caso que no alcanzó la solidez necesaria. Cuando eso sucede, ya no es posible reconstruir con claridad qué pasó.
Esto es lo preocupante para cualquier ciudadano. Porque un proceso penal no solo sirve para castigar; también debería servir para acercarse a la verdad. Pero ante la ausencia de investigación rigurosa desde el inicio, esa posibilidad se desvanece con el tiempo. Las pruebas se debilitan, los errores se acumulan y llega un punto en el que ya no es posible corregir.
La Corte también dejó un mensaje claro: no se puede cambiar la acusación al final del proceso para intentar salvar un caso. Debe ser clara desde el comienzo, con hechos bien definidos y pruebas consistentes. Si eso falla, todo lo demás se cae.
Para cualquier ciudadano, este caso deja una lección clara. El sistema penal está diseñado para evitar condenas injustas, una garantía constitucional. Pero ese mismo sistema depende de algo igual de importante: que las investigaciones se hagan bien, desde el inicio y con rigor. Si no ocurre, las consecuencias son inevitables. Una persona puede ser investigada durante años sin que se logre probar su responsabilidad. Y una víctima puede quedarse sin justicia, incluso cuando hay un hecho indiscutible: la muerte de un joven, como en el caso Colmenares.
Este caso no demuestra que el sistema haya fallado al absolver. Demuestra que falló antes. Porque cuando una investigación no está a la altura, las pruebas pierden su capacidad de aproximarse a la verdad de lo acaecido.
