Este lunes arranca en Oakland, California, la selección de jurados para un juicio que enfrentará a Elon Musk contra OpenAI, una batalla legal que trasciende lo personal para cuestionar la integridad de la gobernanza tecnológica y una arquitectura corporativa que podría rozar el billón de dólares.
La acusación de Musk sostiene que el diseño original de OpenAI fue traicionado en pos de ganacias. El magnate, quien aportó 38 millones de dólares al momento de cofundar la compañía, acusa a Sam Altman, CEO de la firma, de enriquecimiento injusto y de incumplimiento de un fideicomiso benéfico, si bien la corte ya desestimó los cargos de fraude que perseguía originalmente.
Según la demanda, Sam Altman y el hoy presidente de OpenAI Greg Brockman transformaron una fundación sin fines de lucro dedicada al beneficio público en una maquinaria de lucro privado que hoy hace tratos multimillonarios con Microsoft. En virtud de eso, la firma de Redmond aparece en los cargos en calidad de cómplice.
Musk exige la restitución de hasta 150.000 millones de dólares al brazo caritativo original y la anulación de la estructura comercial con Microsoft, lo que supondría un golpe estructural a la compañía y representa una sanción tan demoledora que muchos se preguntan si es, de hecho, algo viable.
Pero lo que se inicia en Oakland no es una cruzada por la salvación de la humanidad, por más que el hombre más rico del mundo intente barnizarla de altruismo. El juicio contra OpenAI es, en esencia, una guerra de trincheras corporativa en el que el futuro de la inteligencia artificial corre el riesgo de ser definido no por principios éticos, sino por el veredicto de una rencilla comercial mal resuelta.
Es difícil aceptar como noble la indignación de Musk cuando su propia empresa, xAI, compite directamente en el mismo mercado que pretende regular en los estrados. La acusación de que OpenAI traicionó su espíritu fundacional suena menos a una defensa del bien común y más al arrepentimiento del inversor que abandonó el barco justo antes de que este encontrara el tesoro.
Y, si hiciera falta: por supuesto que hay que regular a la IA, pero pedirle a un tribunal que decida el rumbo de la industria basándose en un fideicomiso de hace una década es lanzar una moneda al aire. Si la justicia obliga a OpenAI a abrir sus algoritmos y patentes hoy, les estará entregando una ventaja táctica a competidores que, como Musk, no han demostrado hasta ahora ser más abiertos ni más éticos. Corremos el riesgo aquí de confundir la propiedad intelectual con la superioridad moral, y ese es un terreno extremadamente pantanoso.
