Durante la campaña que lo llevó a la Presidencia, Gustavo Petro prometió defender los derechos humanos y alcanzar la justicia social. Se presentó como la respuesta definitiva a las carencias del pasado, pero, tras años de su gestión, las cifras han dejado de ser simples estadísticas para convertirse en el espejo de una realidad desoladora que contradice cada una de sus promesas.
No se trata de una percepción subjetiva ni de un sesgo político. Es la cruda evidencia entregada por organismos como Amnistía Internacional, una organización que, al no estar alineada con la derecha y caracterizarse por su labor independiente de vigilancia, otorga una credibilidad a su diagnóstico. Según sus informes, Colombia atraviesa bajo el mandato de Petro una crisis humanitaria que ya afecta a 9 millones de personas. Para ponerlo en perspectiva, esto significa que la cantidad de víctimas del conflicto en nuestro país supera hoy a la población total de Bogotá —una ciudad de cerca de 7,95 millones de habitantes—. Es decir, es como si cada persona que habita la capital hubiera sido afectada por la violencia y, aun así, nos faltarían más de un millón de personas para completar el trágico saldo que deja esta administración.
El retroceso es transversal. En materia democrática, el Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU) de The Economist es demoledor: bajo el gobierno de Petro, el país cayó 13 puestos, pasando a ser clasificado como un “régimen híbrido” y ubicándose en la posición 73.
A esto se suma el registro de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advierte un incremento del 85% en los municipios clasificados en riesgo extremo para el actual proceso electoral, pasando de 68 a 126.
Por su parte, la violencia contra quienes alzan la voz no se detiene: los líderes sociales asesinados pasaron de un promedio de 140 al año —entre 2018 y 2022— a 165 en 2025, un incremento del 18%.
En este clima, la libertad de prensa ha sido una de las principales víctimas. La CIDH advierte sobre los peligros críticos para el ejercicio periodístico en Colombia, denunciando cómo la combinación entre la presencia de grupos armados en los territorios y la creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos ha creado un entorno hostil. Es un peligro real que pone en juego la vida de quienes ejercen el periodismo crítico, convirtiendo el derecho a informar en una actividad de alto riesgo.
No sorprende este desenlace; era el resultado previsible de alguien que, como candidato, se dedicó a vender soluciones mágicas que ahora, en el poder, han demostrado ser un completo vacío. La ‘Paz Total’ no ha sido más que la entrega del territorio a los grupos criminales, mientras que su discurso de justicia social se desmorona ante una realidad que golpea el bolsillo y la vida de los colombianos.
Este fracaso no es teórico; tiene nombres y apellidos. Es el paciente que pierde la vida esperando una medicina que no llega, la pequeña empresa que quiebra ante la ausencia de auxilios que contrarresten las decisiones tomadas por este gobierno y los aprendices del SENA, quienes están viviendo épocas difíciles porque simplemente no los contratar. ¡Cuántas veces lo advertimos! Pero hicieron oídos sordos y hoy se ven las consecuencias de sus decisiones. Si en derechos humanos este gobierno se raja, en lo social su balance es un desierto.
Al final, su gestión se resume en la receta de siempre: populismo y polarización. Han sembrado el odio entre clases para ocultar su absoluta incapacidad de gobernar, una estrategia que terminaremos pagando todos con más desempleo y más inseguridad. La historia será implacable: el legado de Gustavo Petro no será la justicia social que prometió, sino el rastro de un país fracturado por un progresismo que nos salió muy caro.
