A escasas semanas de las elecciones presidenciales, es importante conocer a profundidad las propuestas de los candidatos más opcionados ( Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella) respecto a temas de transparencia, teniendo en cuenta que según encuestas de percepción, el fenómeno de la corrupción, continúa siendo una de las principales preocupaciones de los colombianos.
Por un lado, Iván Cepeda, parte de un enfoque estructural del problema. Plantea la creación de un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción (corrupción a gran escala), fortaleciendo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y la creación de una unidad Nacional de Investigación de la Macrocorrupción. Además planea destinar los recursos recuperados, a la reparación de víctimas de corrupción y a programas sociales.
Resulta relevante abordar la corrupción, no solo como conductas individuales, sino la existencia de redes complejas que involucran actores poderosos en el sector público y privado. No obstante, su propuesta dependería en gran medida de fortalecer la capacidad institucional y la coordinación de entidades que históricamente han operado fragmentadamente, pero sobre todo, de garantizar cero tolerancia con la corrupción interna dentro de su eventual gobierno.
Paloma Valencia, presenta un enfoque centrado en la transparencia preventiva y el control institucional. Plantea reformar la financiación política, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la contratación pública para la detección temprana de riesgos y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia para casos de corrupción. Pensar en innovación tecnológica para la detección temprana de riesgos es un hito importante que debe incorporarse urgentemente en la compra pública. Sin embargo, no se especifican estrategias concretas a través de las cuales materializará sus propuestas, por lo cual, sin acciones específicas, se dificulta el ejercicio de un voto informado y permite el incumplimiento de promesas electorales.
Finalmente, Abelardo de la Espriella se concentra en la sanción penal, a través de la creación del “Bloque de búsqueda contra la corrupción” dirigido por la Presidencia y la extinción de dominio exprés. Aunque estas iniciativas pueden enviar un mensaje de firmeza frente al delito, la concentración de estas funciones bajo la dirección del presidente plantea interrogantes sobre la independencia de las investigaciones y el riesgo de politización de la lucha anticorrupción. Las estrategias anticorrupción basadas exclusivamente en el castigo suelen mostrar resultados limitados cuando no están acompañadas de reformas preventivas en áreas cruciales como la contratación pública o financiación política.
En general, ninguno de los candidatos profundiza sobre estrategias en áreas claves que históricamente han sido foco de malversaciones del erario. Por ejemplo, nada se dice sobre la necesaria modificación legal de los denominados “contrataderos”, que por su carácter especial, han sido utilizados para el manejo irregular de recursos públicos. Según la Procuraduría General, en 2023 en tan solo 19 entidades que operaban como “contrataderos” se ejecutaron $3.3 billones por medio procedimientos restringidos o directos, excluyendo a posibles competidores o incumpliendo principios de la función pública.
Colombia necesita que el próximo presidente asuma un compromiso serio con la lucha contra la corrupción, de lo cual depende empezar a recomponer la confianza ciudadana y la credibilidad en lo público, erosionadas tras años de escándalos de corrupción.
