Hace un tiempo hablar del INVIAS era hablar de confianza; era referirse a lo que esta bien en materia de contratación. En el ecosistema empresarial colombiano, marcado históricamente por episodios de corrupción sistemática, el INVIAS solía destacarse como una entidad que cumplía la ley y que, además, marcada un ejemplo a seguir.
Mientras en el país se acumulaban numerosos escándalos de corrupción, como el caso de Odebrecht, el INVIAS representaba algo distinto: procesos contractuales con criterios técnicos por encima de intereses políticos y una cultura institucional basada en la transparencia.
No es un hecho menor. En un país donde la corrupción es percibida como un problema estructural y persistente, con indicadores que ubican a Colombia en posiciones preocupantes a nivel global, contar con entidades que funcionen bien no es solo deseable: es indispensable.
Hoy, el INVIAS parece que pasó del rigor a la sospecha, de la confianza al descrédito. Lo que antes era ejemplo, hoy genera dudas. Lo que antes era un referente, hoy se percibe como una entidad atrapada en las malas practicas contractuales que se han intentado erradicar por décadas.
Este es el verdadero problema: desde la Secretaría de Transparencia se ha advertido, de manera reiterada, sobre posibles irregularidades en procesos licitatorios adelantados por INVÍAS, particularmente en el marco del programa Vías para la Paz. Las alertas apuntan a la permanencia de oferentes cuya experiencia no ha sido debidamente verificada, así como a la eventual existencia de inhabilidades que comprometerían la legalidad del proceso. A pesar de observaciones formuladas por distintos actores, incluida la Contraloría General de la República, persiste la intención de avanzar en la adjudicación, lo que no solo pone en duda la transparencia del procedimiento, sino que sugiere una preocupante resistencia institucional a corregir.
No se trata solamente de posibles irregularidades contractuales que, de confirmarse, deberían investigarse y sancionarse, sino del daño reputacional. Cuando una entidad ejemplar, modelo de buenas practicas, cae, el impacto es doble, no sólo pierde legitimidad propia, sino que erosiona la idea de que si es posible hacer las cosas bien en lo publico.
Casos recientes como el de la UNGRD, han demostrado que ninguna entidad esta protegida frente a la captura de intereses políticos y particulares. INVIAS parece acercarse peligrosamente a esta dinámica.
¿En qué momento se perdió el rumbo? Recuperar la confianza es un tema de fondo, no bastan los discursos, se requieren acciones de control reales, meritocracia, transparencia y sobre todo, voluntad política para corregir.
Cuando una entidad pasa de ser referente nacional de buenas practicas a vergüenza, el problema es sistémico. Esto, en Colombia, no es un detalle menor, es una alerta importante que no puede ser ignorada.
