En mayo de 2023, mediante Proyecto de Acuerdo 032, el Concejo aprobó un empréstito superior a $80 mil millones destinado a la adecuación de los colegios Santander, el INEM y el Instituto Dámaso Zapata. Tres años después, las instalaciones siguen presentando deficiencias, las quejas de la comunidad estudiantil persisten y la ejecución es insuficiente, mientras la ciudad asume el costo financiero de una deuda que, desde su origen, despertó cuestionamientos por la falta de claridad técnica y presupuestal.
“Quizás la más grande y mejor lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia”, decía el escritor inglés Aldous Huxley, como si hubiese conocido a Bucaramanga. Lo ocurrido con la infraestructura educativa no es un hecho aislado. Basta recordar Metrolínea, intervenciones viales inconclusas, ciclorrutas cuestionadas o peatonalizaciones demoradas. Aunque cambian los gobiernos, los proyectos públicos se anuncian con entusiasmo, se aprueban con premura y terminan convertidos en frustración ciudadana.
Con ese antecedente reciente, el Concejo Municipal aprobó el pasado viernes el mayor endeudamiento de la historia del municipio. Una decisión que compromete la capacidad fiscal de Bucaramanga durante los próximos años y que debió convocar una discusión pública mucho más amplia, rigurosa y transparente. Sin embargo, el debate fue escaso frente a la trascendencia del asunto y la ciudadanía, en gran medida, permaneció al margen.
Resulta difícil comprender cómo se aprueba comprometer el futuro financiero de la ciudad sin un verdadero debate. A pesar del esfuerzo de cinco concejales que expusieron hasta la saciedad que aprobarlo era un error, no valieron los argumentos. Los estudios técnicos están incompletos; hay errores en el diseño, proyectos en fases intermedias y dudas frente a la prioridad de las obras frente a otras de mayor impacto regional, como la ampliación de “La Virgen-La Cemento”.
A lo anterior se suma la incertidumbre financiera del proyecto. El nuevo endeudamiento coincide con un escenario de altas tasas de interés y fuerte presión inflacionaria para los hogares bumangueses, marcado por controversias alrededor de los incrementos en el Impuesto Predial Unificado (IPU) en los últimos años, implementación irregular de los avalúos catastrales y la necesidad de aumentar la base gravable por actualización catastral, como quiera que es el IPU la garantía de la deuda. En ese contexto, la discusión sobre la deuda pública exigía mayor responsabilidad institucional y compromiso ciudadano.
Después de lo ocurrido, cuesta hablar de transformación y visión de futuro si seguimos haciendo lo mismo: proyectos sin planeación, con una ciudadanía desinteresada y escaso rigor técnico. Bucaramanga sigue atrapada en un ciclo repetido de malas decisiones, ejecución deficiente y errores financieros. Definitivamente, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.
