Hay decisiones judiciales con las que uno no está de acuerdo. Eso es normal y legítimo en democracia. Disentir de un fallo, cuestionarlo e incluso impugnarlo por las vías legales disponibles no solo es válido, sino necesario en un Estado de derecho. Lo que no es admisible, en ningún escenario, es desacatarlo abiertamente mientras sigue vigente.
Eso es lo primero que hay que decir sobre el episodio protagonizado por el candidato Abelardo de la Espriella y la orden judicial que le prohíbe usar la camiseta de la Selección Colombia en su campaña. Antes de entrar al fondo del debate, la forma importa: los fallos judiciales se cumplen. Punto.
Dicho eso, vayamos al fondo.
Un Juzgado Penal de Bogotá profirió la medida provisional tras una tutela presentada por un ciudadano que argumentó sentirse discriminado y estigmatizado por el uso de la camiseta de la Selección en la campaña, al considerar que el símbolo deportivo estaba siendo usado para asociar la identidad colombiana con una candidatura y para descalificar a quienes tienen posiciones políticas distintas.
El argumento es, cuando menos, cuestionable. Y el fallo, con todo el respeto que merece el juzgado, es jurídicamente endeble.
La razón es simple y está en la ley. El artículo 1.° de la Ley 12 de 1984 es claro: los símbolos patrios de la República de Colombia son la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional. Nada más. La camiseta de la Selección no es un símbolo patrio. Es una prenda deportiva que cualquier colombiano puede comprar, ponerse y usar con la libertad que le garantiza la Constitución, independientemente de su ideología, su partido o su candidato favorito.
Decirle a un ciudadano o a un candidato que no puede vestir los colores de su selección porque eso afecta la igualdad electoral es un razonamiento que no resiste el más elemental análisis jurídico. La camiseta amarilla no tiene dueño político. No la inventó De la Espriella, no se la pueden quitar y no existe norma alguna en el ordenamiento colombiano que restrinja su uso a contextos no electorales.
Colombia es un país libre. Y en un país libre, nadie le dice a nadie qué ropa puede ponerse. Ni un juez, ni un rival político, ni una tutela presentada porque a alguien le molestó ver una camiseta en una tarima.
Que impugnen el fallo. Que lo tumben por las vías legales. Pero que lo cumplan mientras esté vigente. Eso es lo que distingue a quienes creen en las instituciones de quienes solo las invocan cuando les conviene.
