En anterior columna nos referimos al “adanismo” que con frecuencia ha acompañado al liderazgo latinoamericano. Esa inclinación de algunos gobernantes a considerarse fundadores de una nueva era y a convencerse de que su misión no consiste en administrar los recursos públicos con eficiencia, para disminuir desigualdades y generar oportunidades sin discriminación, sino reescribir la historia.
A los ejemplos de Petro y AMLO cabe añadir el de Javier Milei en Argentina, quien parece empeñado en devolver el reloj de la historia hasta 1900 para corregir más de un siglo de políticas estatistas que, según él, condujeron a su país a perder el brillo de otros tiempos. Las ideas que se apartan de su libertarismo económico son consideradas un error teórico y una falta moral.
Nayib Bukele tampoco escapa a esta tendencia. Llegó a fantasear con una Bitcoin City alimentada por la energía geotérmica del volcán Conchagua y a presentar las criptomonedas como la clave del futuro salvadoreño. El éxito en la erradicación de las maras, alcanzado a una velocidad difícilmente compatible con las exigencias del Estado de derecho, le permitió desmontar progresivamente los mecanismos de control institucional y neutralizar a quienes podían fiscalizar sus decisiones. Además, mediante artificios jurídicos, consiguió una nueva reelección.
Carlos Granés, en su libro El rugido de nuestro tiempo, observa que los latinoamericanos solemos lamentar el desinterés del mundo frente a nuestros problemas, pero al mismo tiempo exigimos distancia y silencio. Reclamamos solidaridad, pero rechazamos las observaciones. Invocamos la dignidad de los pueblos para impedir cualquier escrutinio externo. Esa contradicción alimenta el aislamiento y fortalece la convicción de que el gobernante encarna por sí solo la soberanía nacional.
Allí radica el verdadero peligro del adanismo. Aquel que se considera redentor de un pueblo termina viendo los controles institucionales como obstáculos, las críticas como actos de deslealtad y los desacuerdos como expresiones de ignorancia o de mala fe. Poco a poco, el poder deja de reconocer límites y acaba confundiéndose con la voluntad personal de quien lo ejerce.
Colombia está lejos de ser una democracia perfecta y abundan razones para cuestionar el funcionamiento de muchas de sus instituciones. Sin embargo, el trabajo de la Registraduría, el comportamiento de los 850.871 jurados y la aceptación general de los resultados de la primera vuelta presidencial constituyen demostración palmaria de nuestra vocación democrática. Ni siquiera las ligerezas desestabilizadoras de Gustavo Petro lograron empañar esa realidad. La democracia no se preserva depositando esperanzas en hombres providenciales ni en proyectos refundadores. Se preserva fortaleciendo las instituciones, aceptando los contrapesos y entendiendo que ninguna persona puede situarse por encima de las reglas que garantizan la libertad de todos.
