Primero: recuperar la confianza. No será nada fácil. La confianza no se decreta, ni se anuncia en una rueda de prensa, se construye cuando el ciudadano puede comprobar que las reglas se aplican de la misma manera al poderoso y al ciudadano común.
Segundo: desmontar el clientelismo. No sirve hablar de meritocracia mientras las entidades públicas continúan siendo utilizadas como moneda de cambio político. No hay verdadera lucha contra la corrupción si los cargos públicos se reparten entre aliados y financiadores. Una buena iniciativa es el banco de hojas de vida anunciado por el presidente entrante. Ojalá sus resultados comiencen a verse pronto.
Un gobierno comprometido con la transparencia debe hacer públicos los criterios para los nombramientos de altos funcionarios y fortalecer los procesos meritocráticos con garantías de transparencia.
Tercero: fortalecer la transparencia en la contratación pública. Una victoria temprana sería cerrarle la puerta a los famosos “contrataderos”, que permiten concentrar contrataciones millonarias con escasa competencia, prácticamente a dedo.
Cuarto: recuperar la independencia de los controles. Un gobierno comprometido con la lucha contra la corrupción debe estar dispuesto a ser controlado. Los entes de control no pueden convertirse en oficinas políticas; las veedurías ciudadanas no pueden ser vistas como enemigas y el periodismo no puede ser tratado como un obstáculo, ni mucho menos ser silenciado. Un gobierno que no tolera controles, probablemente tampoco tolera la transparencia.
Quinto: fortalecer las regiones. Buena parte de los problemas ocurren en municipios y departamentos, allí aparecen las obras inconclusas, elefantes blancos, nóminas paralelas, empresas que ganan reiteradamente contratos y las redes políticas que convierten la contratación pública en herramienta electoral.
Se deben fortalecer los sistemas de prevención y vigilancia territorial pero también las capacidades de los municipios. No se puede exigir una administración pública transparente si buena parte de las entidades territoriales no cuenta con suficientes capacidades técnicas, jurídicas y financieras para contratar bien.
Sexto: seguir el dinero. La corrupción de hoy es más sofisticada que el sobre debajo de la mesa. Puede esconderse en sociedades, intermediarios, subcontratos, operaciones financieras y estructuras empresariales que hacen difícil saber quién termina beneficiándose de los recursos públicos.
El Estado necesita conectar la información de contratación con registros empresariales, información tributaria, datos financieros y antecedentes judiciales para identificar patrones de riesgo. El objetivo no es identificar el funcionario corrupto, hay que llegar a todos los beneficiarios de la corrupción.
Séptimo: proteger al denunciante. Un denunciante debería sentirse protegido por el Estado, no perseguido por él. Funcionarios, periodistas, contratistas, veedores ciudadanos necesitan canales seguros y eficaces para denunciar irregularidades.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad de demostrar que la transparencia no será otra promesa de campaña. Colombia necesita resultados.
