Colombia está a punto de legislar sobre un territorio donde los adultos ya perdieron la autoridad: la vida digital de los menores. En ese mapa, ellos son ciudadanos y nosotros turistas. Quizá la ley debería partir de esa verdad incómoda.
El Congreso discute una propuesta que busca prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales. La intención es legítima: proteger a niños y adolescentes de riesgos reales como la explotación sexual digital, el ciberacoso, la manipulación algorítmica y la exposición a contenidos nocivos. Sin embargo, la pregunta en el debate legislativo no es si los riesgos existen —porque existen y están documentados— sino si la medida propuesta es eficaz, eficiente y apropiada para enfrentarlos.
La evidencia internacional muestra que las prohibiciones absolutas funcionan poco. Francia, que ya restringió el acceso para menores de 15 años, enfrenta lo mismo que cualquier país conectado: los jóvenes migran a plataformas no reguladas, usan cuentas de adultos o evaden controles con facilidad. La prohibición reduce el riesgo, pero no elimina el acceso. Es eficaz solo parcialmente.
La medida propuesta en Colombia exige una infraestructura tecnológica compleja: verificación de edad con inteligencia artificial, reconocimiento facial, interoperabilidad entre plataformas y supervisión estatal constante. Esto implica costos altos, riesgos de errores y tensiones con el derecho a la privacidad, especialmente en zonas donde el acceso digital ya es precario. La eficiencia, por tanto, es limitada.
Aunque la medida es apropiada como señal política —obliga a las plataformas a asumir responsabilidad, reconoce la vulnerabilidad de los menores y alinea a Colombia con tendencias globales— resulta insuficiente como política pública integral. La prohibición no reemplaza la alfabetización digital, no sustituye la corresponsabilidad familiar, no regula los algoritmos que capturan la atención de los jóvenes y no aborda la desigualdad digital que afecta a millones de niños en el país.
La historia demuestra que las sociedades siempre han restringido el acceso de los menores a los espacios donde circula información, poder e influencia. En Grecia, el ágora; en Roma, el Foro; en la Edad Media, los textos sagrados; en la modernidad, los medios masivos. Las redes sociales son la versión contemporánea de esos espacios.
Prohibirlas no es absurdo: es coherente con una tradición milenaria. Pero también es insuficiente si no se acompaña de educación, regulación y acompañamiento.
Prohibir no basta. Proteger a niños y adolescentes exige una política pública integral, no un dique solitario frente a un océano digital. Requiere educación digital, corresponsabilidad familiar, regulación algorítmica y controles parentales obligatorios que actúen donde la prohibición no alcanza. Prohibir reduce el riesgo; acompañar transforma el ecosistema digital. La ley puede cerrar una puerta, pero las ventanas seguirán abiertas. Alt + Tab.
Nota di N: Porque Simón aprende, acompañamos a @simonetraemprende
