Durante años hemos repetido que Santander ha sido olvidado por la Nación. Hablamos de una deuda histórica en infraestructura, reclamamos mayores inversiones y cuestionamos la escasa transferencia de recursos hacia nuestra región.
Quizás tengamos razones. Pero vale la pena hacernos una pregunta bastante más incómoda: ¿y si uno de nuestros principales obstáculos somos nosotros mismos?
Hacer empresa, innovar, emprender, generar empleo, invertir o desarrollar un proyecto implica superar enormes desafíos técnicos, financieros y operativos. Sin embargo, a medida que una iniciativa crece, aparece otro costo, menos visible y difícil de cuantificar: la resistencia del entorno al crecimiento ajeno.
Instituciones que parecen encontrar más razones para impedir que para facilitar. Empresas de servicios públicos que olvidan que el desarrollo también amplía su mercado. Competidores que confunden competir con obstaculizar. Vecinos que convierten la capacidad de retrasar un proyecto en una pequeña victoria. Comunidades que algunas veces condicionan su respaldo a recibir un beneficio particular.
Por supuesto, crecer no otorga privilegios. Las normas deben cumplirse, las autoridades controlar, las comunidades ser escuchadas y los derechos respetados. Vivimos en un Estado de derecho y, precisamente por eso, el derecho debe prevalecer sobre los deseos particulares.
El problema es otro.
Pareciera existir una especie de impuesto cultural al crecimiento. No aparece en ningún estatuto tributario, pero se paga en tiempo, abogados, trámites innecesarios, retrasos, desgaste y oportunidades perdidas. Y terminamos pagándolo todos.
Quizás provenga de una equivocada concepción de la grandeza: sentirnos más grandes cuando conseguimos hacer pequeño al otro.
Si una empresa no puede crecer, aparentemente gana su competidor. Si un proyecto no ocurre, alguien celebra haberlo impedido. Si al vecino le va peor, nuestra posición relativa parece mejorar.
Queremos empleo mientras dificultamos al que emplea. Pedimos inversión mientras ponemos obstáculos al que invierte. Exigimos mejores ciudades mientras convertimos la transformación en una carrera de resistencia.
Una región no prospera así.
Afortunadamente, somos muchos quienes entendemos que la mejor manera de crecer es promoviendo que nuestro entorno también crezca. Pero todavía hay quienes parecen entender el progreso como una disputa de suma cero: limitar al otro para proteger su posición o, peor aún, obstaculizar esperando alguna prebenda que transforme después su manera de pensar y actuar.
Una sociedad próspera entiende exactamente lo contrario: necesitamos empresarios exitosos, mejores competidores, vecinos prósperos, instituciones eficientes y ciudades que crezcan. No somos más grandes porque el otro sea más pequeño. La escala que genera valor es la colectiva.
Tal vez antes de seguir reclamándole al país todo aquello que Santander merece, deberíamos preguntarnos cuánto progreso estamos frenando desde adentro.
Y hacer, individual y colectivamente, un ejercicio incómodo: calcular cuánto nos está costando el impuesto oculto de la envidia.
