Esta semana David Vélez, el colombiano que fundó Nubank y construyó uno de los bancos digitales más grandes del mundo, dijo algo que generó ruido. Mencionó que la tasa de usura en Colombia debería eliminarse y que hacerlo, paradójicamente, beneficiaría a los más pobres. Antes de opinar sobre si tiene razón o no, creo que vale la pena explicar de qué estamos hablando, porque la mayoría de los colombianos convive con este tema sin entenderlo del todo.
Empecemos por el principio.
La tasa de usura es el límite máximo de interés que le pueden cobrar a usted por un préstamo. Ni el banco, ni la cooperativa, ni el vecino del barrio pueden cobrarle más de eso. Si lo hacen, están cometiendo un delito.
Ahora bien, ¿cómo se calcula ese límite? Aquí viene la parte que nadie explica. La Superintendencia Financiera certifica mensualmente lo que se llama el Interés Bancario Corriente, que es básicamente el promedio de lo que están cobrando los bancos en Colombia por sus créditos de consumo. Este mes ese promedio está en 19,49 % anual. La tasa de usura es 1,5 veces ese valor, o sea, 29,24 % efectivo anual. Ese es el techo; lo que esté por encima es ilegal.
¿Y qué pasa si alguien supera ese tope? Comete un delito. Pero hay algo que mucha gente no sabe. Firmar un contrato con una tasa ilegal no es suficiente para que haya delito. El delito se configura cuando efectivamente se cobra el interés excesivo. Mientras no haya cobro real, hay un acuerdo ilegal, pero la usura como delito todavía no se ha consumado.
Y ahí es donde entra la propuesta de Vélez, que suena un tanto extraña, pero tiene una lógica interesante. Él dice que ese tope, creado para proteger al ciudadano, termina haciéndole daño. ¿Por qué? Porque cuando el banco calcula si le presta o no a alguien, mira el riesgo. Si usted no tiene historial crediticio o tiene ingresos informales, el banco prefiere no prestarle antes que asumir un riesgo que el tope de usura no le permite compensar con una tasa más alta.
¿Y qué hace usted entonces? Recurre al gota a gota. Y el gota a gota no tiene techo, no tiene ley. Cobra en promedio 382 % anual a personas naturales o más. Y si no paga, el cobro no es jurídico, sino que le mandan “al de la moto”.
Más del 65 % de los adultos colombianos no tiene acceso a crédito formal. Esa gente no está protegida por la tasa de usura. Está desprotegida por ella.
¿La solución es eliminar el tope completamente? No necesariamente. Vélez mismo dice que quitar el límite sin más competencia y transparencia no basta. Pero el debate que abrió es necesario y honesto en el sentido de que, a veces, las normas creadas para proteger a los vulnerables terminan empujándolos al lugar más riesgoso.
