Hay ciudades que crecen sin darse cuenta de que están creciendo, y Bucaramanga es una de ellas; basta caminar por Cabecera, por García Rovira o por el sector de Cañaveral a cualquier hora del día para comprobar que el vehículo particular se tomó el andén, la zona verde y hasta el antejardín, mientras el peatón (que sigue siendo, nos guste o no, el ciudadano más vulnerable de cualquier sistema de movilidad) quedó relegado a un espacio cada vez más estrecho e inseguro. Por eso, cuando el Concejo de Bucaramanga mediante el Proyecto de Acuerdo 047 de 2026, que actualiza y pone en marcha las Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorio, no está simplemente ajustando un acuerdo de hace dos décadas, sino reconociendo una realidad que las cifras confirman sin excusa: el parque automotor del área metropolitana ya supera los ochocientos mil vehículos, con proyecciones que rondan el millón para este mismo año, y una oferta de parqueaderos que, lejos de crecer al mismo ritmo, se ha reducido por el precio del suelo y por intervenciones urbanísticas que no siempre pensaron en dónde iban a estacionar los carros que ellas mismas atraían.
La virtud del proyecto está en que no inventa un tributo nuevo ni improvisa sobre la marcha, pues se apoya en la tasa por derecho de parqueo que el propio Concejo ya había autorizado el año pasado, y en que la Secretaría de Hacienda certificó, con razón, que su impacto fiscal es nulo, porque el sistema se financia con lo que paga quien usa el espacio público para su beneficio particular, sin que el municipio tenga que sacar un peso adicional del presupuesto de todos los bumangueses; ese es, precisamente, el principio que debería regir cualquier intervención sobre el espacio público urbano: quien lo aprovecha de manera individual, retribuye a la colectividad que es su dueña legítima, como bien lo recuerda el artículo 82 de nuestra Constitución cuando establece que el interés común prevalece sobre el particular.
No se trata, entonces, de perseguir al conductor ni de convertir el parqueo en un nuevo dolor de cabeza tributario, sino de organizar lo que hoy es caos: horarios definidos, zonas señalizadas, celdas demarcadas y una autoridad de tránsito con la obligación de rendir cuentas sobre cómo se recaudan y en qué se invierten esos recursos que, de acuerdo con el propio proyecto, deben volcarse en la recuperación de andenes, en arborización y en tecnología para mejorar la movilidad de todos. Ciudades como Bogotá y Medellín ya recorrieron este camino, con tropiezos y aciertos que Bucaramanga puede capitalizar sin repetir los mismos errores, siempre que el Concejo cuide los detalles técnicos que todavía requieren precisión (la forma de seleccionar a los operadores privados, la claridad tarifaria).
Bucaramanga no necesita más carros estacionados sobre el andén; necesita una ciudad que le devuelva la calle al peatón, y este acuerdo, bien ejecutado, es una herramienta legítima y necesaria para lograrlo.
