El 31 de octubre de 2027 se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. Sin embargo, el derecho a ser elegido no es absoluto. La ley establece límites para proteger la transparencia electoral, la moralidad pública y la igualdad entre los aspirantes, evitando que quienes manejan recursos o contratan con el Estado obtengan ventajas indebidas. Ese propósito solo se alcanza con educación electoral ciudadana.
Uno de esos límites son las inhabilidades, que son de interpretación restrictiva. Esto significa que deben aplicarse de manera estricta y literal, sin interpretaciones extensivas ni analogías. En otras palabras, si una situación no está expresamente prevista en la ley, el juez no puede resolverla aplicando la regla de un caso similar.
Una de las causales más consultadas, prevista en términos semejantes para concejales, alcaldes, diputados y gobernadores, consiste en que no podrá ser inscrito ni elegido quien haya celebrado un contrato con una entidad pública dentro del año anterior a la elección, en interés propio o de terceros, siempre que dicho contrato deba ejecutarse en el mismo municipio, distrito o departamento al que aspira.
Para las elecciones de 2027, el período inhabilitante comprende entre el 31 de octubre de 2026 y el 31 de octubre de 2027.
La causal exige cuatro elementos: la existencia de un contrato con una entidad pública; su celebración dentro de ese año; que haya sido suscrito en interés propio o de un tercero; y que deba ejecutarse en la circunscripción territorial donde se aspira a ser elegido. Si falta uno de ellos, no se configura la inhabilidad.
Debe precisarse que lo que inhabilita es la firma del contrato dentro del período prohibido, no su ejecución, liquidación o prórroga del plazo. Por ello, un contrato suscrito antes del 31 de octubre de 2026 no genera inhabilidad, aunque continúe ejecutándose durante el año electoral. Esa línea jurisprudencial está consolidada. No obstante, la firma de un otrosí que modifique el objeto contractual o incorpore nuevas obligaciones puede ser considerada por el juez como un nuevo contrato y dar lugar a la inhabilidad. La inhabilidad se configura así no se ejecute el contrato o se termine anticipadamente.
Por eso, cuando escuche que un candidato “tiene contratos con la alcaldía” o “con la gobernación”, no se quede en el rumor. Pregunte cuándo se firmaron, con qué entidad y dónde debían ejecutarse. Así podrá establecer si existe una posible inhabilidad.
La defensa de la legalidad electoral no corresponde únicamente a los jueces. También es una responsabilidad ciudadana. Si una persona resulta elegida estando inhabilitada, cualquier ciudadano puede solicitar la nulidad de esa elección, incluso sin abogado. Una democracia fuerte no depende solo de votar; exige ciudadanos vigilantes que hagan cumplir las reglas por igual para todos.
