Colombia es un país de ciudades-región, aunque su planeación siga hablando en municipios; las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 lo muestran cuando señalan que las ciudades y aglomeraciones ocupan el 6 por ciento del territorio, pero reúnen el 65 por ciento de la población y generan el 73 por ciento del valor agregado, y cuando plantean que las aglomeraciones, como escala de planeación según relaciones funcionales de empleo, vivienda, movilidad y servicios, permitirían concertar prioridades para el territorio funcional.
Esa mirada tiene avances en el Plan, pero todavía carece de una línea estratégica metropolitana propia. Las Bases proponen consolidar redes de ciudades y articular el ordenamiento territorial; sin embargo, la expresión ciudad-región solo aparece vinculada al modelo aeroportuario de Bogotá Región, Rionegro–Medellín, Palmira–Cali y Soledad–Barranquilla. En la caracterización regional, Bogotá y Cundinamarca, Antioquia y el Valle del Cauca reconocen expresamente su dimensión metropolitana, mientras la mayoría de las regiones no la mencionan. Aunque se reconoce el papel de las áreas metropolitanas, no existe un tema dedicado específicamente a esta escala ni se cita la Ley 1625 de 2013. Allí tiene el Congreso una oportunidad: fortalecer estos planteamientos y darles un lugar explícito, con instrumentos, responsabilidades y recursos para planear los territorios que ya funcionan más allá de sus límites municipales.
Con todo, las piezas existen y son útiles: los esquemas asociativos de la Ley 1454 de 2011, entre ellos las áreas metropolitanas, pueden usarse desde ya; el Gobierno anuncia reglas para que varias entidades territoriales financien conjuntamente inversiones que superen sus límites, aunque alguna no reciba un beneficio directo; un conjunto articulado de inversiones puede constituir un megaproyecto regional si tiene alcance supramunicipal, carácter intersectorial y financiación concurrente; y la concurrencia de fuentes privadas, territoriales y nacionales es, según el Plan, condición necesaria para priorizar y estructurar los proyectos.
Ahí está la llave para el Área Metropolitana de Bucaramanga y para cualquier área metropolitana del país; así que la ventaja será del proyecto concertado y maduro, el que llega con los municipios de acuerdo sobre cuánto aporta cada uno, con estudios técnicos en regla y con requisitos habilitantes, responsables, fuentes y ruta de gestión definidos, sea con regalías que el DNP, con obras por impuestos o con inversión privada.
Movilidad, suelo para vivienda, agua y saneamiento, y ordenamiento articulado son los frentes donde la escala metropolitana rinde más y donde el Plan ya ofrece puertas: un programa de eficiencia para los sistemas de transporte público, planes maestros de agua municipales o supramunicipales, una agenda para articular el ordenamiento entre departamentos, municipios, distritos y áreas metropolitanas; llegar a esas puertas con un portafolio priorizado, un acuerdo de aportes firmado y proyectos listos para el Banco de Proyectos de la Patria Milagro marcará la diferencia entre quedarse en un anexo indicativo o pasar a ejecución.
Las ciudades-región no esperan a que cambie el mapa; necesitan que quienes las gobiernan se sienten a la misma mesa y que el Plan, cuando se discuta en el Congreso, les confirme que esa mesa existe.
