Publicado por: General Alvaro Valencia
Una cosa es el cese transitorio de actividades laborales por organizaciones no gubernamentales y otra distinta su utilización como instrumento ilegítimo de presión, que llegue a interrumpir el funcionamiento de los servicios públicos, el libre tránsito de vehículos y peatones o cualquier otra forma de coacción. Con más veras si la interrupción indefinida del tránsito coarta la libertad y el derecho al trabajo de los transportadores e impide el abastecimiento de ciudades, como ocurrió en algunas regiones afectando la salud pública. Más inaceptable todavía, es la intromisión de movimientos políticos y sindicales proclives con la subversión armada. La marcha patriótica es claro ejemplo de una organización política cuya cabeza declarada apoya públicamente a las Farc y la CUT hace lo propio en el área sindical. Pese a estas circunstancias, el presidente Santos tuvo razón al intentar un manejo democrático al caso que tuvo en sus orígenes de carácter regional por lo cual declaró que no existía paro campesino nacional, lo que en ese momento era cierto. La sumatoria se presentó gradualmente, despojándolo de sus perfiles iniciales.
Como es obvio, los medios de comunicación recogieron con grandes titulares esta transmutación paulatina. El deber de informar lo justifica y en términos generales se ciñó a la ética periodística, con notables excepciones que las regiones habrán advertido y valorado en su capacidad de daño.
La cercanía de los comicios para elegir cuerpos colegiados a comienzos del año próximo y Presidente dos meses más tarde, ha revestido de radicalismo las columnas de opinión. Caciques y gamonales siguen dominando el escenario rural.
Lo más grave es que todas estas falencias afectan nuestra democracia inmadura con repercusiones adversas en la fe en el sistema y su capacidad de alcanzar el bien común.
