Publicado por: Marcela Pabón
El pasado 17 de julio, se expidió la Ley 2020, la cual crea el Registro Nacional de Obras Inconclusas, imponiendo la obligación a las entidades públicas de reportar sus elefantes blancos, es decir, aquellas obras no terminadas, abandonadas o inutilizadas.
En Santander, por infortunio, existen varias obras de tales características que valdría la pena recordar, pues pasarán a la historia como monumentos a la desidia gubernamental, a la corrupción rampante y a la indiferencia ciudadana.
Uno de los más grandes elefantes blancos se encuentra ubicado en el municipio de Vélez y corresponde a la Represa La Batanera. Esta obra, cuyo costo superó los $9.000 millones, iniciada en el 2011 y terminada en 2016, colapsó en su primer llenado, debido presuntamente, a los cambios en las especificaciones técnicas durante su construcción. Desde entonces, se encuentra inservible, sin que exista hasta la fecha responsable alguno, mientras los 18 mil habitantes veleños aún sufren por el desabastecimiento de agua.
El municipio de Los Santos tampoco ha sido beneficiado con el proyecto de Acueducto Regional del Chicamocha, contratado por valor inicial de $ 22.653 millones, con fecha de entrega en diciembre de 2016. Sin embargo, tras cinco años, con varias y extensas suspensiones, a la fecha no ha sido posible su terminación.
La estación del Metrolínea de “Papi Quiero Piña” se convirtió en sinónimo de falta de planeación, desequilibrio financiero e ineficacia administrativa, siendo una obra por valor de $115.000 millones, que aún no está cerca de ser terminada, a pesar de que debió haberse realizado hace más de diez años.
La Institución Educativa Villas de San Ignacio, en Bucaramanga, fue inaugurada en septiembre de 2010 con costo aproximado de $3.000 millones. Construido en terreno inestable, con una inexplicable deficiencia en los estudios de suelo, el colegio tuvo que cerrar sus instalaciones por representar un grave peligro para la población escolar, a pesar de haberse invertido $2.834 millones adicionales en un fallido intento por mitigar su deterioro.
Éstas, entre otras obras, ponen de manifiesto la inoperancia administrativa y la débil actuación de control y sanción a los responsables, soterrando nuestros impuestos en estas construcciones infructuosas.
