domingo 05 de junio de 2022 - 12:00 AM

¡Todos culpables!

Cuatro años podrían parecer muy poco, a juzgar por la cantidad y gravedad de los delitos imputados y la escandalosa red de corrupción que instalaron en la Gobernación esos funcionarios y contratistas

Una buena parte de las personas implicadas en la corrupción del contrato del estadio “Alfonso López” de esta ciudad, ya han confesado su participación en los hechos investigados. Y otros han decidido aceptar su culpabilidad, como acaban de hacerlo ante la Fiscalía, nada más y nada menos, que el cabecilla Julián Libardo Jaramillo y el contratista Artemio Suárez Díaz.

Octavio Reyes, el contratista principal, fue el primero en declararse confeso. Y después aparecieron las confesiones y delaciones de Claudia Yaneth Toledo, quien fuera la secretaria de Infraestructura, y de su esposo Lenin Pardo, un personaje ambicioso que se convirtió en el poderoso negociante de contratos en la nefasta administración de Richard Aguilar.

Y ahora ante la justicia se están declarando responsables penalmente varios involucrados: además de Jaramillo y Suárez, también aceptaron cargos Andrés Julián Ulloa y Paula Marcela Moreno, esta última quien es la esposa de Artemio Suárez. Ellos sin pudor alguno pusieron su empresa “Movipetrol” al servicio de la corrupción.

¡Qué curioso! Parejas de esposos encaminadas por la senda de la codicia y el delito: el matrimonio Pardo-Toledo y la familia Suárez-Moreno, trabajando de forma perversa en un contrato para apropiarse de dineros estatales, enriquecerse ilícitamente y repartirle coimas al gobernador y su asesor. Nunca se equivocó la Corte Suprema al definir en este caso la existencia de una verdadera “empresa criminal”.

Ante la aceptación de responsabilidad por parte de Julián Jaramillo y Artemio Suárez, se anuncian condenas penales alrededor de cuatro años de prisión, así como la devolución de los dineros apropiados. Dicen que Jaramillo devolvería $700 millones aproximadamente y que Suárez reintegraría $1.400 millones. No está mal en materia de dineros, algo es algo, en medio de toda la plata que se robaron en esa contratación.

Sin embargo, en materia penal, algunas voces ya se muestran inconformes con la pena de cárcel que pagarían los responsables como producto del preacuerdo firmado con la Fiscalía. Cuatro años podrían parecer muy poco, a juzgar por la cantidad y gravedad de los delitos imputados y la escandalosa red de corrupción que instalaron en la Gobernación esos funcionarios y contratistas. Por ahora, habrá que respetar las decisiones de la justicia.

APARTE: y hablando de escándalos de corrupción en Santander, sería bueno saber en qué van las investigaciones por el famoso “Robo al Idesan”. ¡La Fiscalía tiene la palabra!

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