Y por eso también resultó extraño el apurado comunicado que dio a conocer Fenalco, el cual, además de mal redactado y con imprecisiones jurídicas, dejó la sensación de promover una contienda más allá de la decisión judicial.
Como bien es sabido, el Tribunal Administrativo de Santander decidió declarar la nulidad de la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, por haber incurrido en su campaña en doble militancia.
También se sabe que esa decisión será apelada por la defensa del mandatario para se decida definitivamente el asunto ante el Consejo de Estado. Mientras tanto, el alcalde de la ciudad sigue siendo Beltrán Martínez, hasta tanto el lío judicial no se resuelva en segunda instancia. Esas son las reglas establecidas y a eso se le llama “debido proceso”.
Todo el contexto, por ahora, es jurídico: hay una sentencia del Tribunal Administrativo; vendrá una apelación jurídica de la defensa del mandatario; y el Consejo de Estado deberá fallar en derecho, estrictamente desde lo jurídico. No se trata aquí de una controversia política o de otra índole, pues en esencia lo que se examina es la legalidad de la elección.
Tampoco se trata aquí de echarle la culpa a los opositores del alcalde o al gobierno nacional, menos al “petrismo” o a los “alternativos”, ni se trata de hablar de persecución política. Opinar en ese sentido sería tanto como decir que los magistrados del Tribunal fallaron con sesgo político o con intereses partidistas y no en derecho, cuestión que no se corresponde con lo expuesto en la sentencia.
Por eso la controversia es desde lo legal y probatorio, en la tribuna jurídica, y eso lo saben bien los abogados del alcalde Beltrán. El debate no es en la plaza pública, ni amenazar con dejar todo en manos del pueblo para desatender el dictado de la justicia. De ahí que resultara extraña su arenga del fin de semana pasado en su rendición de cuentas, anunciando además una eventual candidatura presidencial. ¡Muy raro!
Y por eso también resultó extraño el apurado comunicado que dio a conocer Fenalco, el cual, además de mal redactado y con imprecisiones jurídicas, dejó la sensación de promover una contienda más allá de la decisión judicial.
En medio de las preocupaciones, el vacío de poder y el riesgo jurídico, el camino es uno solo: hay que respetar las decisiones judiciales, así como hay que respetar la investidura del alcalde. Hasta que no se produzca la decisión de segunda instancia, Jaime Beltrán es el alcalde y debe seguir trabajando por la ciudad, seguir con su política de seguridad, culminar las obras pendientes, resolver el tema de Metrolínea, atender las necesidades ciudadanas, en fin, todo lo que implica ser alcalde en ejercicio antes que pensar en veleidades políticas.
El país tiene una justicia y la ciudad tiene un alcalde. ¿Acaso no dicen a toda hora que hay que respetar la institucionalidad?
