La paz y la confianza de las familias, los empresarios y los visitantes de Santander dependen de que la respuesta institucional sea seria, coordinada y eficaz.
La suspensión de la tasa de seguridad en Santander, decidida por el Tribunal Administrativo, reafirma la vigencia del Estado de Derecho y la obligación de respetar la justicia. Cumplir las decisiones judiciales fortalece la confianza ciudadana, pero no exime de actuar con rapidez y responsabilidad para proteger la vida, la propiedad y la tranquilidad de todos los santandereanos. La seguridad no admite pausas, y por eso la Gobernación está llamada a liderar sin titubeos un Plan B sólido, transparente y legalmente blindado.
Ese Plan B comienza por revisar a fondo el presupuesto departamental y el endeudamiento vigente, para identificar partidas que puedan reorientarse, de forma temporal, sin sacrificar proyectos estratégicos. En estos momentos, recursos como los destinados al Centro de Eventos, inspirado en el Movistar Arena, pueden contribuir a sostener y fortalecer la operatividad de la fuerza pública, garantizando presencia efectiva en puntos críticos del departamento y del área metropolitana.
Sin embargo, ningún esfuerzo aislado es suficiente. La realidad es que los municipios del Área Metropolitana, así como Barrancabermeja, no pueden quedarse por fuera de esta estrategia. La seguridad es un bien público indivisible: si un municipio relaja su aporte, la criminalidad encuentra fisuras que afectan a todos por igual. Por eso, es necesario que cada alcaldía se sume activamente a este Plan B, ajustando sus propios presupuestos, optimizando recursos locales y complementando el esfuerzo departamental con inversión directa y medidas de control que refuercen la labor de la fuerza pública en sus territorios.
El traslado de recursos debe hacerse con planeación, soportes técnicos y total transparencia. Cada decisión de recalificación debe publicarse y explicarse a la ciudadanía, asegurando que el dinero se use estrictamente para mantener y robustecer la seguridad. A la par, la Gobernación debe instalar un sistema de seguimiento y evaluación permanente que permita medir resultados y hacer ajustes rápidos cuando sea necesario.
Este momento exige creatividad administrativa y unidad territorial. Mientras se construye una nueva tasa de seguridad ajustada a los lineamientos de la justicia, el compromiso es no dejar un solo frente desprotegido. La paz y la confianza de las familias, los empresarios y los visitantes de Santander dependen de que la respuesta institucional sea seria, coordinada y eficaz.
La suspensión de la tasa no puede ser excusa para bajar la guardia. Al contrario, es la oportunidad de demostrar que la seguridad se defiende con legalidad, responsabilidad y solidaridad en todos los niveles de gobierno. Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Barrancabermeja deben ser parte activa de esta respuesta.
Hoy más que nunca, proteger la tranquilidad de Santander es tarea de todos, pero es la Gobernación la que debe marcar el rumbo con decisión y resultados.
