Hacía mucho tiempo que no se hablaba de este y otros temas similares de política social en Colombia. Las pensiones pasaron a un segundo plano después de la ley 100 de 1993 y durante años estuvieron relegadas a los escritorios de los tecnócratas, al margen de los debates públicos sobre cómo debería repartirse el dinero del estado entre las personas que dejan de trabajar.
El nuevo gobierno ha puesto este tema sobre la mesa y, de hecho, nos hemos dado cuenta de que tenemos mucho de qué discutir. En Colombia, solo 1 de cada 6 adultos mayores recibe una pensión, pero las cifras son muy diferentes para hombres y mujeres. Mientras que solo 1 de cada 8,3 mujeres mayores de 57 años está pensionada, 1 de cada 4,4 hombres tiene la misma suerte. Además de esto, hay otro grupo de 1.6 millones de adultos mayores que reciben un subsidio de $75,000 a través de Colombia Mayor. Esto significa que solo 37 % de los adultos mayores reciben algún tipo de ingreso, ya sea por pensión o por el programa de transferencias. Tenaz en un país en el que el 30 % de los adultos mayores son pobres.
En otras palabras, hay muchos adultos mayores que no participan en la distribución del ingreso después de su vida laboral, un ingreso que se obtiene tanto de las contribuciones de los trabajadores como del estado. Pero otro gran problema es la enorme desigualdad en el tamaño de las porciones. Dado que el estado tiene que subsidiar una parte importante de las pensiones que reciben los actuales pensionados, se ha calculado que la mayor parte de los subsidios estatales se destina a una minoría de personas que tienen pensiones muy altas. Observen que el estado gasta 1000 millones en subsidiar una pensión de alguien que recibe 25 millones de pesos como pensión mensual, y solo 90 millones en alguien que recibe un salario mínimo. Esto significa que el 50 % de los gastos del estado en pensiones, que ascienden a 40 billones de pesos al año, se destinan a las pensiones del 20 % más rico. Es bastante injusto.
A diferencia de la reforma de salud, en la que el diagnóstico de los problemas del sector no se traduce claramente en lo que postula la reforma, en el caso de las pensiones sí hay una correspondencia entre los problemas descritos y los cambios que se pretenden introducir. El sistema de pilares reduciría en el mediano plazo la desigualdad en la distribución de las pensiones, ya que no habría pensiones públicas superiores a 3 salarios mínimos, excepto en los regímenes de excepción, que NO deberían seguir siendo excluidos. También se ampliaría la cobertura del subsidio para aquellos que no cotizaron, pasando de los actuales 1.6 millones en Colombia Mayor a 2.5 millones, y aumentando sustancialmente el monto del subsidio, de 75 mil a 220,000.
Es algo positivo que finalmente haya llegado la hora de las pensiones.
