La Policía debe mejorar su capacidad de respuesta y seguimiento en los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales; las comisarías de familia, los centros de atención y los juzgados deben contar con los recursos humanos y técnicos suficientes.
Publicado por: Editorial
El panorama de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales en Bucaramanga y el área metropolitana es alarmante, así como ocurre también en todo el país y las cifras lo demuestran de manera irrefutable. La reciente publicación del “Reloj de la Criminalidad” por la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, muestra que, a nivel nacional, la violencia intrafamiliar aumentó 55% en el primer semestre de 2024, con un promedio de 446 casos diarios, mientras que los delitos sexuales crecieron 53%, 15.656 casos en el mismo periodo.
Como en Bucaramanga y Santander los índices son igualmente altos a los del nivel nacional, debemos renovar nuestra voz de alerta para que las autoridades locales actúen con la urgencia que el momento impone para detener esta grave crisis que afecta tanto la integridad y la vida de las personas, como la salud pública en general, pues estos delitos amenazan la paz en los hogares, la cohesión social y el bienestar de las víctimas, en especial las mujeres, pues ellas sufren el 74% de los casos de violencia intrafamiliar y el 81 % de los delitos sexuales, una realidad sencillamente devastadora.
Las autoridades policiales, administrativas y de salud deben unir esfuerzos para prevenir y atender estos crímenes con la celeridad y la seriedad que ameritan, pues la violencia intrafamiliar es un síntoma de problemas más profundos que requieren atención multidisciplinaria y un enfoque integral que incluya prevención, protección a las víctimas y persecución efectiva a los responsables, lo que significa que las autoridades deben intensificar las campañas de prevención, mejorar el seguimiento de los casos denunciados, y garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario, desde atención psicológica hasta protección legal. No se trata solo de emitir declaraciones de preocupación, lo que se requiere es acciones concretas y resultados oportunos.
Es imprescindible fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. La policía debe mejorar su capacidad de respuesta y seguimiento en los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales; las comisarías de familia, los centros de atención y los juzgados deben contar con los recursos humanos y técnicos suficientes para abordar este creciente problema de manera eficiente; los servicios de salud mental y atención a víctimas deben ser accesibles y estar disponibles para todos los afectados, sin importar su situación económica o social.
Alcaldías, policía y los sectores educativo y de salud en el área metropolitana, entre otros, deben priorizar este problema estructural pues la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales no son crímenes aislados, sino una patología social que necesita ser atendida con urgencia, pues la inacción o la falta de coordinación entre las instituciones solo perpetúa el dolor de las víctimas y el colapso de la estructura familiar.
No podemos permitir que los hogares sigan siendo escenarios de violencia ni que los delitos sexuales sigan aumentando impunemente. Todos los sectores de la población deben estar comprometidos en esta lucha, pues solo así podremos hacer de Bucaramanga y su área metropolitana un lugar más seguro y digno para todos.
