Publicado por: Editorial
Dos mil 300 millones de pesos y diez años después de haberse firmado el contrato para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, en Barichara, en este municipio, de gran importancia para la región por su valor turístico, la planta no funciona, por lo que las aguas residuales de esta población, ocupada por miles de visitantes, especialmente en los puentes festivos, continúan vertiéndose en grandes cantidades en las escasas fuentes hídricas que la rodean, con el grave, y muchas veces irreversible daño ambiental que esto significa y sin que, hasta el momento, se haya visto una sola consecuencia disciplinaria, administrativa o jurídica al respecto.
La obra fue adjudicada en tiempos de dos mandatarios muy cuestionados, que incluso tienen procesos avanzados por corrupción ante la justicia, el entonces gobernador de Santander Richard Aguilar Villa y el entonces alcalde de Barichara, Israel Agón.
El exgobernador hoy responde ante la justicia por hechos que dieron pie a la Fiscalía General de señalarlo como creador de una “empresa criminal”, mientras que el exalcalde es procesado judicialmente por las irregularidades en un proyecto de vivienda. Como podía esperarse, la Ptar fue adjudicada a un contratista de nombre Lenin Pardo, quien también tiene varios y grandes escándalos por corrupción.
Como lo acaba de denunciar la Unidad Investigativa de este diario, luego de quedar en manos de los amigos y allegados de Aguilar y Agón, la Ptar empezó a construirse y, en lugar de nueve meses, demoró cuatro años para concluirse, aunque hasta hoy, una década después de comenzar la obra, no ha funcionado un solo día y solo ha hecho tránsito de solución al problema de aguas residuales a elefante blanco en medio de uno de los centros turísticos más importantes del centro del país.
Además del daño fiscal, el perjuicio ambiental que se causa a diario a la quebrada Barichara y al Salto del Mico es de gran dimensión, aunque, no solamente se está contaminando de manera grave las aguas de las fuentes hídricas de los municipios de Barichara y Cabrera, sino que los olores ofensivos ya causan también efecto en pobladores y visitantes.
Lo que nos queda hoy es una obra sin utilidad, unos hechos de corrupción hasta ahora impunes y unos órganos de investigación y control que no han actuado ni transparente, ni mucho menos oportuna o diligentemente, con lo que configuramos un caso más de asalto a los recursos y bienes del Estado, que tiende a perderse en la bruma de la burocracia y la inoperancia.
