El Puerto Petrolera hace parte de los 105 municipios de 22 departamentos del país, donde el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.
Publicado por: REDACCIÓN VANGUARDIA.COM, COLPRENSA
Al respecto, la Defensora Regional del Magdalena Medio, Esperanza Ramírez, aseguró a Vanguardia.com que Barrancabermeja es un sitio estratégico para los grupos armados ilegales.
“Estos grupos inciden en los menores de edad, que son personas vulnerable y fácilmente manipulables. La alerta se mantiene pese a los esfuerzos de la autoridades, de la Alcaldía de Barrancabermeja y la institucionalidad para mejorar las condiciones de seguridad en la región”, precisó la Defensora Regional del Magdalena Medio.
Por su parte, el defensor Regional del Pueblo para Santander, Cristian Gordon, aseguró que la Unidad de Víctimas en el departamento registró el año pasado 36 casos de menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales.
“Tenemos el registro, entre abril y diciembre de 2012, de 36 menores de edad que fueron desvinculados de grupos armados”, precisó Cristian Gordon.
Panorama nacional
Según el monitoreo y advertencia permanente realizada por el Sistema de Alertas Tempranas, SAT, las visitas de campo, entrevistas, reuniones y recopilación de información documental constatan que entre los grupos armados ilegales fuente de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de menores están las Farc y las bandas criminales de 'Los Paisas', 'Los Urabeños', 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', 'Libertadores del Vichada', 'Águilas Negras' y 'Los Rastrojos'.
De la misma forma, los principales departamentos donde el SAT ha identificado el riesgo por reclutamiento y utilización ilícita de menores son Antioquia, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Meta, Norte de Santander, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Guaviare, Vichada, Guainía y Valle del Cauca.
Ante este panorama, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, reiteró su llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los principios de protección y distinción consagrados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), absteniéndose de vincular a sus filas a los menores de edad y devolviendo a sus familias a los que han sido reclutados.
También destacó que la prevención de la participación de los menores en los conflictos requiere de acciones efectivas por parte del Estado, que incluyen la sanción de los responsables del reclutamiento y utilización de esta población, la reubicación de la población amenazada a sitios seguros, garantizar acceso al sistema escolar y atención prioritaria de emergencia para las familias.
Actualmente, los menores son utilizados por los ilegales para realizar actividades bélicas o funciones de apoyo como guías, informantes, estafetas, para preparar y colocar explosivos, para servicios sexuales, y otras labores que ponen en riesgo su vida, integridad física y sicológica, y libertades.
Según datos del Sistema de Información del Programa Especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que reporta los menores desvinculados desde 1999 hasta junio de 2012, se registran 4.935 casos de personas reclutadas y desvinculadas en todo el país, de los cuales 848 casos fueron registrados en estos cuatro departamentos y que representan el 10 por ciento del total nacional.
