La entidad pidió preservar garantías constitucionales, evitar estigmatizaciones y asegurar continuidad institucional en temas sensibles.
Publicado por: Redacción Vanguardia
La defensora del Pueblo, Iris Marín, envió una comunicación al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que expuso una serie de preocupaciones sobre decisiones y anuncios realizados por su equipo de gobierno que, a juicio de la entidad, podrían tener implicaciones para la protección de los derechos humanos en el país. En el documento, la funcionaria también presentó recomendaciones para que las medidas que adopte la nueva administración se ajusten a los estándares constitucionales y legales vigentes.
Aunque la carta aborda distintos temas, uno de los principales llamados está relacionado con la necesidad de preservar garantías fundamentales como la libertad de prensa, el derecho a la protesta social y la continuidad de la implementación del Acuerdo Final de Paz, aspectos que la Defensoría considera prioritarios durante el inicio del nuevo gobierno.
Llamado por la libertad de prensa
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento tiene que ver con las declaraciones del presidente electo en las que hizo una distinción entre periodistas y personas a quienes calificó como “activistas”. Frente a ello, la defensora Iris Marín recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio periodístico sin importar la línea editorial o la postura crítica de los medios frente al Gobierno.
En la comunicación, la funcionaria solicitó que se protejan la libertad de prensa, de expresión y de información, y advirtió sobre la importancia de evitar discursos o actuaciones oficiales que puedan derivar en procesos de estigmatización, persecución o escenarios de violencia contra periodistas y comunicadores.
La Defensoría también manifestó inquietud por la designación del próximo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según expuso Marín, considera necesario revisar antecedentes públicos del funcionario designado debido a publicaciones anteriores que, según indicó, contenían expresiones ofensivas y estigmatizantes dirigidas contra periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición.
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, envió una carta al presidente de la República con ocasión de algunos anuncios realizados por el propio presidente electo y su equipo de gobierno designado.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) August 4, 2026
El propósito de esta comunicación es ofrecer elementos para prevenir retrocesos en… pic.twitter.com/W0OBDK1nMR
Protesta social y proceso de paz
Otro de los temas abordados fue el anuncio del nuevo Gobierno de regresar a un esquema similar al antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para atender manifestaciones. La defensora recordó que el actual modelo de intervención surgió como resultado del cumplimiento de una sentencia de tutela emitida por la Corte Suprema de Justicia y señaló que cualquier modificación debe respetar las directrices establecidas por esa decisión judicial.
En la carta también expresó preocupación por declaraciones del presidente electo contra el senador Iván Cepeda, relacionadas con una supuesta promoción de la violencia. Para la Defensoría, dichos señalamientos carecerían de sustento suficiente y podrían favorecer escenarios de estigmatización o incrementar los riesgos para sectores de oposición política.
Publicidad
La comunicación igualmente hace referencia a la anunciada reestructuración de la Presidencia de la República, particularmente a la eliminación de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como de otras instancias encargadas de coordinar la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Sobre este punto, Marín recordó que el cumplimiento del Acuerdo constituye una obligación constitucional para el Estado colombiano y recomendó que cualquier proceso de reorganización institucional esté acompañado de un plan público de transición que defina con claridad qué entidades asumirán las funciones actuales y cómo se garantizará la continuidad de los programas en ejecución.
Además, la Defensoría expresó inquietud por los anuncios relacionados con una eventual derogatoria de normas sobre las Entidades Territoriales Indígenas, el posible regreso de la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito mediante bioherbicidas, modificaciones al licenciamiento ambiental, cambios en los mecanismos de consulta previa y la reactivación del fracking.
En relación con la fumigación aérea, la defensora solicitó que el próximo Gobierno informe públicamente cuáles serían las sustancias que pretende utilizar, con el fin de evaluar previamente su viabilidad jurídica, ambiental y técnica.
Finalmente, Iris Marín puso a disposición del presidente electo el acompañamiento institucional de la Defensoría del Pueblo e invitó a instalar, durante los primeros días del nuevo mandato, un canal permanente de trabajo entre la Presidencia, los ministerios competentes y la entidad para revisar estas preocupaciones y hacer seguimiento a las decisiones que puedan tener impacto sobre los derechos humanos en Colombia.
