Para el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, la decisión de la Corte Constitucional no afecta la implementación de los acuerdos.
Publicado por: OSCAR IVÁN REY
Luego de casi mes y medio de haber asumido el cargo como vicepresidente de la República, el general (r) de la Policía, Óscar Naranjo, continúa su gira por todo el país para dar continuidad con el plan de seguridad ciudadana en el marco del posconflicto.
En su visita a Bucaramanga, el general en retiro habló con la comunidad y con empresarios del área metropolitana para conocer sus inquietudes de cara a este proceso de terminación del conflicto armado con las Farc.
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En diálogo con Vanguardia Liberal, Naranjo se mostró confiado de que el fallo de la Corte Constitucional sobre la participación del Congreso en el trámite y aprobación de los actos legislativos a través del fast track no afectará las características principales del mecanismo para agilizar la implementación de los acuerdos con las Farc.
Por otra parte, el vicepresidente evidenció su preocupación por las nuevas revelaciones de las Farc sobre sus caletas de armamento, lo que complica aún más el punto de dejación de las armas como parte fundamental para la participación política de esa guerrilla.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Debe alarmarse Bucaramanga por el aumento de los casos de homicidio en la ciudad?
Bucaramanga ha acumulado un histórico de reducción de homicidios que le permiten hoy decir que tiene en promedio 13 homicidios por cada 100.000 habitantes, eso es la mitad de la tasa nacional que es 26 homicidios por 100.000 habitantes.
Este año lo que muestran las estadísticas es que hay un homicidio más que a la misma fecha y corte, y yo creo que hay que mantener encendidas las luces de alarma sobre ese tema. La información que estoy recibiendo tiene que ver básicamente con casos de intolerancia y de riñas los fines de semana; la buena noticia es que de los 26 homicidios del área metropolitana, 14 se encuentran resueltos con imputación de cargos a los responsables.
Sin embargo, yo creo que hay que atender unas violencias que eran invisibles en el pasado y que tienen que ver con violencia intrafamiliar. El feminicidio y el abuso a los menores de edad son realidades que hoy, ya en un país sin la guerra con las Farc, reflejan tipos de violencia que empezamos a visibilizar más.
¿Podría incrementarse la violencia urbana con la inminente desmovilización de las Farc?
Yo creería que no. En este momento cerca de 7.000 guerrilleros en armas se han agrupado en las zonas veredales transitorias de normalización y están allí. Con lecciones aprendidas del pasado lo que se está diseñando es que el proceso de reincorporación civil obedezca a una vocación rural que tienen las Farc y también a una vocación colectiva de reincorporación, no vamos a cometer los errores del pasado de traernos, como llegaron a las ciudades con Justicia y Paz, muchos paramilitares que perdieron el arraigo de lo rural e iniciaron procesos de reincorporación individual. Ese no es el camino que se ha elegido para este proceso.
¿Le preocupa el fallo emitido por la Corte Constitucional a mediados de semana sobre el fast track?
Un fallo de esa naturaleza desde luego preocupa, pero al mismo tiempo también arroja certezas. La primera certeza es que en Colombia vivimos en un estado social de derecho que garantiza la independencia de los poderes y por lo tanto estamos frente a una democracia vigorosa en sentido estricto. Además da certeza que no sea emitida una resolución, decisión o providencia de la Corte Constitucional que afecte el ADN, es decir, las características principales del fast track se mantienen, pero también se introduce una variable y la formaliza que es la posibilidad de la participación a través de proposiciones en cada uno de los proyectos por parte de los parlamentarios. Hay que decir que eso estaba sucediendo ya mediante la aplicación del fast track, porque por ejemplo a la Jurisdicción Especial para la Paz en ese Acto Legislativo que ya fue aprobado, el Congreso sugirió 70 proposiciones y modificaciones al texto original y se introdujeron, entonces realmente no hay una afectación parlamentaria porque también conviene decir que el fast track no silenció o censuró la voz de los parlamentarios, el fast track lo que tiene es una vocación de imprimirle velocidad a la aprobación de las leyes.
Y desde luego tengo que decir que preocupa porque causa un impacto mediático como si estuviéramos enfrentando un nuevo desafío y una nueva dificultad, pero creo que si llegara a ser así, por más dificultad o desafío que sea, lo superaremos.
¿Cuál es la realidad con el tema de dejación de las armas de las Farc?
Lo fundamental en este proceso es que no habrá paz armada en Colombia. La única condición que hay que cumplir totalmente y plenamente antes de participar en política tiene que ver con la dejación de las armas. La única condición para recibir tratamiento especial de la Jurisdicción Especial para la Paz es que haya dejación de las armas y por lo tanto no habrá paz armada. Es verdad que han aparecido nuevas realidades en el proceso de dejación de las armas, como el anuncio que hicieron las Farc de que tenían en su poder cerca de 900 depósitos clandestinos o caletas con armas y explosivos, lo que implica una operación logística y militar compleja y sofisticada que no se puede desarrollar de la noche a la mañana, y menos en unos días, por lo tanto, lo que se está estudiando es ver cómo se fija un procedimiento para asegurar que esas caletas realmente terminen en poder de las Naciones Unidas, el componente internacional de dejación de armas.
¿Qué ha pasado con la disidencia de las Farc, el Gobierno sí tiene información certera sobre esos guerrilleros que no se quisieron acoger a los acuerdos?
Inteligencia militar habla de cerca de 400 disidentes de las Farc que no se acogieron al acuerdo. Eso significa un número bastante reducido en comparación con otros procesos de paz en el mundo donde la disidencias llegan a ser del 15 al 20 por ciento. Aquí el porcentaje es mucho menor, pero el mensaje es claro, no importa cuántos disidentes sean, el Gobierno lo que ha dicho es que aplicará todo el peso de la ley a esas disidencias y no habrá tratamiento especial para ellos y no habrá contemplación en la aplicación de la ley para ellos.
Son pocos, pero hacen mucho daño, mire usted el caso del funcionario de la ONU secuestrado desde hace varias semanas…
Esa disidencia realmente afecta muchísimo el proceso con las Farc, porque esa disidencia lo que le hace es daño a la credibilidad del proceso, por lo tanto, el Gobierno lo que intensifica es sus acciones, es lo que ha venido haciendo, buscar el rescate y en todo caso no olvidarse de que hay un ciudadano secuestrado y que esa situación es inadmisible.
Si el Eln continúa delinquiendo, ¿por qué insistir en un diálogo con una guerrilla que pareciera no tener voluntad de paz?
El Eln se equivoca en materia grave si piensa que con acciones delincuenciales o terroristas por fuera de la mesa valoriza su palabra. Cometen un error, el Eln deberían entender que hoy el país les está reclamando que la negociación con ellos se surta en el marco de un desescalamiento del conflicto con ellos, y por otra parte el Gobierno ha sido paciente y generoso manteniendo esa mesa. Esperamos que el Eln rectifique sus acciones y asuma la responsabilidad que significa estar en una mesa de negociación y no defraudar a los colombianos.
¿Y esa paciencia no tiene límite?
La historia de estos procesos de negociación es que no hay procesos lineales, hay procesos con altibajos, hay procesos donde hay reversiones de situaciones y aquí lo importante es decirles a los colombianos que hay la voluntad para alcanzar un acuerdo con el Eln, pero hay también una voluntad para continuar con el compromiso de proteger a los colombianos.
¿Qué es lo que realmente sucede con este ‘plan pistola’, es poder de las bandas criminales o venganza del ‘Clan del Golfo’?
No se puede negar que el ‘Clan del Golfo’ tiene capacidad de daño, pero no hay que creer que esa capacidad de daño refleja una capacidad estructural para enfrentar al Estado. Por poderosa que sea esa organización, lo que está demostrado es que las fuerzas institucionales terminan imponiéndose sobre esos criminales, y lo que hemos visto en el pasado es que cuando esos criminales recurren a esa fórmula lo que quieren es librarse de la presión policial, porque aquí lo que está claro es que el ataque es contra los policías, porque es la Policía la que ha neutralizado a sus cabecillas, ha capturado a sus integrantes, ha hecho las incautaciones de dinero y droga, por lo que ellos pretenden tomarse venganza con los policías, pero institucionalmente no va a parar la persecución.
¿Si ha habido respaldo del Gobierno Nacional con la Policía en este ‘plan pistola’?
Hay evidencia total de que desde el Presidente de la República, pasando por el Vicepresidente, hemos estado al lado de la institución. Yo señalo en términos personales lo que significa que un vicepresidente de la República sea un policía retirado, mi corazón está con los policías, ellos lo saben y ahí hemos estado acompañándolos en esta tarea, valorando el esfuerzo.
¿Por qué el aumento de los cultivos ilícitos en los últimos años?
Ese tema nos preocupa a todos y lo que el Gobierno ha dicho es que reconocemos que tenemos un desafío enorme con 188 mil hectáreas al frente, pero reconocemos que hay una oportunidad histórica que se podrá dar en un país sin conflicto con las Farc, porque en el pasado nosotros fumigamos y erradicamos forzosamente 2 millones de hectáreas en 17 años y a pesar de haber erradicado 2 millones de hectáreas no acabamos los cultivos ilícitos porque la capacidad de resiembra era enorme, dado que el Estado no se podía quedar en el territorio acompañando a esas familias campesinas en tránsito a cultivos legales. Hoy sin conflicto armado, la meta son 50 mil hectáreas de cultivos por sustitución, con acompañamiento integral del Estado y 50 mil de erradicación forzosa. Hoy hay una oportunidad de que la resiembra realmente vaya desapareciendo los cultivos ilícitos.
