Política
Jueves 20 de diciembre de 2018 - 12:01 AM

Hermano de un exconcejal de Bucaramanga, a 94 meses de cárcel

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez de conocimiento condenó a 94 meses de prisión a Juan Carlos Prieto García, hermano del exconcejal de Bucaramanga Alfonso Prieto García, por su presunta participación en el ‘carrusel de contratación’ en la Alcaldía de Bucaramanga.

Por el contrato 313 de 2011, el exsecretario de Desarrollo municipal, José Ludbin Gómez, fue imputado con cuatro cargos, incluyendo celebración indebida de contratos. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL.)
Por el contrato 313 de 2011, el exsecretario de Desarrollo municipal, José Ludbin Gómez, fue imputado con cuatro cargos, incluyendo celebración indebida de contratos. (Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL.)

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Publicado por: COLPRENSA

Prieto García fungió como intermediario entre la Administración Municipal de Bucaramanga y la Fundación Voces e Imágenes Comunitarias, Avic, en el contrato 313 de 2011, en el cual el ente acusador encontró inconsistencias contractuales.

La sentencia judicial contempla también 94 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas y el pago de 95 millones 575 mil pesos.

Prieto García aceptó en la audiencia preparatoria, realizada en noviembre pasado, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

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Se trata del contrato número 313 de junio de 2011, que se firmó con el fin de “apoyar el programa de infancia y adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga mediante el desarrollo de una estrategia pedagógica de educación sexual a los adolescentes de los niveles 1 y 2” del Sisbén.

Ese contrato, que fue firmado con la Asociación Voces e Imágenes Comunitarias, Avic, una fundación sin sede, ascendió a los $350 millones y fue presuntamente ejecutado en un periodo de tres meses contados a partir del 18 de julio, fecha en la que se firmó.

No obstante, la Fiscalía encontró que el contrato no fue ejecutado como se estipuló y que de hecho se estima que existió una presunta apropiación de recursos por parte del funcionario y el contratista por más de $180 millones.

Publicado por: COLPRENSA

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