Política
Viernes 26 de julio de 2019 - 12:00 AM

Pocuraduría calificó como grave la falta de Rodolfo Hernandéz contra Claro

Entre 1 y 12 meses sería la sanción que recibiría Rodolfo Hernández.

Archivo / VANGUARDIA
Archivo / VANGUARDIA

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Publicado por: Yenny Carolina Rodríguez Barajas

En una nueva formulación de cargos, la Procuraduria General de la Nación calificó como grave a título de dolo la agresión física y verbal del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, en contra del concejal John Jairo Claro Arévalo.

Vanguardia conoció que, según la Procuraduría, las pruebas recopiladas evidencian la agresión a Claro Arévalo por parte del alcalde Hernández, lo que se considera un trato irrespetuoso e indigno, pues se llegó a la agresión física y verbal. Estos hechos ocurrieron en noviembre de 2018.

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Cabe recordar que, en mayo pasado, la Procuraduría había calificado la conducta del Alcalde como una falta ‘más que leve’ y otorgado la medida cautelar de suspensión provisional por tres meses.

Sin embargo, el Juez Quinto ordenó anular el acto administrativo por considerar que se violó el debido proceso en la investigación disciplinaria que adelanta el Ministerio Público, pues existía un error en la calificación de la falta, además de haber desconocido la presunción de inocencia y buena fe.

Luego de varias órdenes judiciales, se declaró la nulidad de la actuación del Ministerio Público desde la formulación del pliego de cargos por la agresión al concejal y Rodolfo Hernández fue reintegrado de manera inmediata a su cargo.

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Ahora, con la nueva formulación de cargos, se corrigió la calificación de la falta como grave, por lo cual el alcalde podría ser suspendido por un periodo entre uno y doce meses, pero no destituído ni inhabilitado.

“Conforme a las normas la calificación de grave da para suspensión de hasta 11 meses. Si se hubiera determinado como gravísima, sería destituído con inhabilidad a partir de 10 años”, explicó el abogado Gerardo Martínez.

¿Qué sigue?

Una vez el alcalde sea notificado del fallo de la Procuraduría, tendrá 10 días para contestar y pedir pruebas.

Según explicó Martínez, el caso pasa al despacho para evaluar y decretar pruebas. Incluso se podría interponer recurso para luego realizar la práctica de las pruebas y alegatos de las partes.

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“Como no hay término perentorios, el fallo de primera instancia podría demorar años, luego muy posiblemente se presentaría recurso de apelación y posterior el fallo en segunda instancia y el recurso de anulación”, dijo el abogado.

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Publicado por: Yenny Carolina Rodríguez Barajas

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