Este martes 8 de febrero, el exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, compareció nuevamente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigación en su contra por presuntas irregularidades en contratación.
Publicado por: Redacción Vanguardia
En la diligencia judicial, Richard Aguilar Villa fue formalmente acusado por la Sala de Instrucción de Primera Instancia de la Corte, de ser el presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
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El apoderado de Aguilar Villa solicitó a la Fiscalía Delegada ante el alto tribunal reformular el escrito de acusación argumentando que se vulneró el debido proceso y algunas inconsistencias en la audiencia de indagatoria y en la acusación.
Sin embargo, la Fiscalía explicó que la indagatoria y la acusación fueron pertinentes.
Durante la audiencia, la Procuraduría, la Contraloría y la Gobernación de Santander, declarada como víctima en este caso, aceptaron el escrito de acusación.
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En un plazo de tres días la Fiscalía deberá citar al descubrimiento probatorio.
Así actuaba la red
Durante la audiencia de legalización de captura de Octavio Reyes y Julián Jaramillo, capturados el pasado miércoles e implicados en el presunto direccionamiento de un contrato por $22 mil millones para el reforzamiento del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, el Fiscal 84 Anticorrupción entregó detalles de la que habría sido una “empresa criminal” orquestada por el exgobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, y coordinada por Jaramillo, el hombre de confianza del entonces mandatario.
La Fiscalía entregó pistas de cómo el ingeniero Jaramillo habría pactado la entrega de las coimas, obstruido a la justicia, utilizado su cargo para beneficiarse y actuado de manera oculta.
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El fiscal del caso argumentó que entre agosto de 2014 y mayo de 2016, la que él llamó “empresa criminal” operó con la intención de quedarse con el 16% del contrato que habría sido adjudicado ‘a dedo’ para que Richard Aguilar Villa, el mismo Julián Jaramillo y al menos 10 personas más se vieran beneficiadas ilegalmente.
“Se evidenciaron claras irregularidades en la fase precontractual, pues se direccionó el proceso a Octavio Reyes con ayuda de servidores públicos de la Gobernación de Santander”, dijo el Fiscal 84 Anticorrupción.
El acusador hace referencia a Reyes como representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, ejecutora del contrato cuyo objeto fue la remodelación del Estadio Alfonso López de Bucaramanga.
Según el fiscal, Jaramillo se aprovechó de su calidad de servidor público como director del Departamento de Proyectos de Infraestructura para direccionar esa contratación que superó los $22 mil millones.
Pero el presunto entramado de corrupción no habría quedado ahí. Entre las pruebas de la Fiscalía está una posible “obstrucción a la justicia” por parte de Julián Jaramillo, señalado de coordinar la “empresa criminal”.
Según la acusación del fiscal, en marzo de 2019, cuando el escándalo ya había estallado, el exasesor de Aguilar Villa buscó a Claudia Toledo, exsecretaria de Infraestructura y a Lenin Pardo, contratista durante la administración del exgobernador e intermediario en el proceso de adjudicación, para ofrecerles otra coima para que no contaran la verdad de los hechos.
Jaramillo habría ofrecido a los esposos hasta $2 mil 800 millones y una cuota de manutención durante todo el proceso, con la finalidad de que guardaran silencio sobre la estructura que se habría montado desde la Gobernación.
Sin embargo, Toledo y Pardo se acogieron a un principio de oportunidad en la Fiscalía y se comprometieron a ‘prender el ventilador’ y contar la realidad de los hechos que tienen privadas de la libertad a tres personas, incluido un exgobernador de Santander.
