El exgobernador de Santander deberá enfrentar el próximo martes a la Corte Suprema de Justicia, mientras que dos personas cercanas a su entorno fueron capturadas.
Publicado por: Arley Sánchez
El caso de presunta corrupción que se tejió entre 2012 y 2015 para el reforzamiento de la infraestructura del Estadio Alfonso López, cuando Richard Aguilar Villa fue gobernador de Santander, comenzó a moverse después de varios años en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia.
Capturas, investigaciones y demás procesos judiciales tienen ‘contra las cuerdas’ a contratistas, ingenieros, exsecretarios y hasta el mismo Aguilar Villa, quien habría sido el cerebro de todo este entramado y quien según la Fiscalía, lideró una “empresa criminal” para direccionar la contratación durante su administración.
Mientras el exgobernador, capturado y recluido en un batallón de Bogotá desde el pasado 28 de julio se prepara para enfrentarse una vez más a la Corte en la audiencia de acusación, el CTI de la Fiscalía capturó este miércoles a otros dos de los implicados en este caso de corrupción, en el que estuvieron en juego alrededor de $22 mil millones en contratos de obra.
Las capturas
En la mañana de ayer fue capturado Octavio Reyes Sarmiento, representante legal de la Unión Temporal Reforzamiento 2015, consorcio al que se adjudicó el millonario contrato para reforzar la estructura del Estadio Alfonso López de Bucaramanga en la administración de Aguilar Villa.
El excontratista se habría acogido a un principio de oportunidad ante la justicia en el proceso que cursa en contra del exgobernador y habría revelado detalles de cómo funcionaría la “empresa criminal para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos”, según la Fiscalía.
Ante el ente acusador, Reyes Sarmiento aceptó haber entregado $1.500 millones como coima para quedarse con el ‘jugoso’ contrato de remodelación del Alfonso López.
Otro de los capturados, que algunas fuentes señalan como el ‘coordinador’ de la estructura de corrupción, es el ingeniero Julián Jaramillo, quien hizo parte del ‘Comité Asesor’ creado por el entonces Gobernador mediante un nuevo manual de contratación para vigilar y coordinar los procesos de su administración.
El implicado, hijo de Libardo Jaramillo, procesado por el denominado ‘Carrusel en el Imebu’, habría sido la ‘mano derecha’ de Aguilar Villa durante su administración y ahora deberá responder ante la justicia.
Adicionalmente, la Fiscalía aseguró que la captura de Artemio Sánchez, quien habría aportado dinero para el pago de coimas, se encuentra en proceso.
Con principio de oportunidad
Claudia Toledo y Lenín Pardo, exsecretaria de Infraestructura y contratista, respectivamente, se acogieron a un principio de oportunidad en la Fiscalía con el cual se han comprometido a ‘prender el ventilador’ y contar toda la verdad del presunto entramado de corrupción que orquestó el entonces gobernador Richard Aguilar Villa. Aunque los testigos estrella han denunciado amenazas en su contra, contarán la historia del exasesor Julián Jaramillo y su injerencia en la red que habría estructurado el exmandatario.
Además, testificarán en contra de Édgar Báez Ariza, César Castro Villaveces, Silvia Natalia Oviedo, Felipe Villamil, Roberto Ardila Cañas, Carlos Lopera Giraldo, Carlos Andrés Páez, Yesica Pérez Becerra, Octavio Reyes Sarmiento, Raúl Eduardo Cardozo, Aureliano Naranjo, Artemio Suárez, Andrés Mauricio Díaz y Rubiel Marino Bermúdez, quienes habrían participado de la red de corrupción en la administración de Richard Aguilar Villa.
Las declaraciones que hasta el momento han rendido los esposos Toledo y Pardo tienen en aprietos al exgobernador, pues los testimonios son analizados por los investigadores y el próximo 8 de febrero Aguilar Villa deberá comparecer nuevamente ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la audiencia de acusación que cursa en su contra.
“Obstrucción a la justicia”
En el expediente de la Corte Suprema de Justicia que concluyó en la captura en contra de Richard Aguilar Villa, el alto tribunal alertó de una posible “obstrucción a la justicia” por parte del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, para favorecer a su hermano Richard.
“Infiere la Sala que el aforado investigado (Richard Aguilar) influyó, - y puede seguir haciéndolo -, en la administración departamental actual de su hermano Mauricio Aguilar”, sostuvo la Corte.
El alto tribunal manifestó que en una inspección de la Unidad de Apoyo Investigativo del CTI en la Gobernación de Santander, no se halló una serie de documentos relacionados con el aplicativo del Manual Funcional del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, ni el concepto favorable que habría otorgado Coldeportes para que se hiciera una adición de dinero, ni la solicitud favorable del Comité Consultivo ni el certificado de movilidad reducida de la Secretaría de Infraestructura de Santander. Además, señaló, se perdieron nueve libros radicadores que tenían la información de la contratación.
Según la Corte, el gobernador Mauricio Aguilar obstruyó a la justicia para beneficiar a su hermano. Por estos hechos, la Procuraduría abrió una investigación al mandatario para determinar su participación durante el proceso judicial.
Los cargos en contra del exgobernador
La Fiscalía General acusó a Aguilar Villa de ser el presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
