Alexander Vega advirtió que hay 14 mil mesas de votación que estarían en riesgo si las actividades violentas siguen.
Publicado por: Colprensa, Bogotá
El Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga ante los grupos armados ilegales con los cuales adelanta diálogos de paz, para que estas organizaciones ilegales respeten el proceso electoral de este año en el país.
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La petición, según Vega, la hace con base en los informes de la Policía Nacional que han reportado que en al menos cuatro municipios del país los grupos ilegales han obligado a que salgan de ellos sus alcaldes, lo cual, en criterio de Vega, sería el factor principal para no realizar elecciones en esos territorios.
Los cuatro municipios en donde no pueden entrar los alcaldes son Cartagena del Chairá, Caquetá; San José del Palmar, Chocó, Puerto Guzmán, Putumayo y Sipí, Chocó.
“Es mi deber recomendar, como responsable de la dirección y organización de las elecciones, y de la manera más respetuosa, que en el marco de los acercamientos y conversaciones vigentes y futuras con cualquier tipo de organización ilegal, de conformidad con las declaraciones del señor Ministro de Defensa Nacional del día 25 de junio, se incluya dentro de las reglas, compromisos y términos contenidos en los protocolos acordados del diálogo de ceses al fuego, negociaciones o sometimiento a la justicia, la obligación inquebrantable para los grupos al margen de la ley no interfieran en los comicios en curso”, dice la carta enviada por el Registardor al presidente Petro, al ministro de Defensa Iván Velásquez y al Comisionado de Paz Danilo Rueda.
Específicamente, el Registrador hace referencia a la interferencia que podrían tener los grupos Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, Estado Mayor Central Farc, Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, las Farc, Segunda Marquetalia y el Eln, que actualmente tienen gran injerencia en las zonas de alerta.
“Bajo este contexto es que el requisito previo e indispensable para mantener un ambiente de seguridad y equidad electoral entre todos los actores políticos en contienda es contar con el compromiso, verificable en la medida de las posibilidades, por parte de todas las organizaciones ilegales con las que se tienen diálogos de paz o de sometimiento a la justicia, de no promover, financiar o vetar candidaturas o partidos, amenazar, constreñir o coaccionar, entre otras acciones encaminadas a concretar injerencias indebidas en las diferentes actividades del calendario electoral”, asegura Vega.
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Alerta temprana
Así mismo, Alexander Vega advirtió que el riesgo electoral por cuenta de los gurpos armados al margen de la ley podría incrementarse tras el comienzo en forma de la campaña electoral el pasado 29 de junio, que arrancó con la inscripción de los candidatos para los comicios del mes de octubre.
“El riesgo y materialización de esta ilícita interferencia en las elecciones por parte de estos grupos puede empezar a concretarse, con mayor intensidad, en la inscripción de cédulas o electores, en curso, que inició el pasado 29 de junio y culmina el 29 de julio de 2023, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1475 de 2011, fecha en la que inició formalmente la campaña y propaganda electoral empleando el espacio público y en el que los candidatos en acción proselitista y funcionarios electorales pueden verse más expuestos o amenazados”, afirma en la carta.
Para el Registrador, lo solicitado es un mínimo de voluntad de paz de parte de los grupos al margen de la ley y “un acto de lealtad con la mesa de diálogo y la vida civil a la cual pretenden reintegrarse, el incumplimiento de estos mínimos compromisos, amenazan el derecho a elegir y ser elegido de los ciudadanos, el interés general, las libertades públicas y la democracia colombiana en su conjunto”.
El Registrador Nacional precisó además que las acciones violentas que se presentan en diferentes partes del país, que han sido advertidas por varios gobernadores, tienen en riesgo unas 14 mil mesas de votación en diferentes regiones, que estarían en riesgo si las actividades violentas siguen.
