A través de una carta enviada al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales emitió una serie de alertas sobre la elección del director de CAS, que ha estado envuelta en varios cuestionamientos, polémicas y hasta presuntas irregularidades.

Publicado por: A.S.
Para hoy martes, 26 de diciembre, estaba prevista la elección del director de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, la cual se ha visto aplazada en repetidas oportunidades por las presuntas irregularidades y las alertas que ha emitido la Procuraduría General de la Nación.
La sesión extraordinaria que se había convocado para hoy fue cuestionada duramente por el procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero, quien afirmó en medio de una misiva enviada al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, que el proceso para la elección estaba suspendido.
"Como primera medida resulta pertinente recordar que el proceso de elección del cargo de director general de la CAS se encuentra suspendido, hasta tanto se resuelvan en su integridad las recusaciones presentadas contra todos los miembros del Consejo Directivo, tal como se advirtió mediante oficio No. 771 del 21 de noviembre de 2023", afirmó el Ministerio Público.

De igual forma, el procurador Gustavo Adolfo Guerrero, quien ha estado haciendo veeduría al cuestionado proceso de elección, afirmó que la convocatoria para el consejo extraordinario de hoy no se podría llevar a cabo.
Para el Ministerio Público, es importante primero resolver las recusaciones en contra de los miembros del consejo, para así poder darle viabilidad a la elección en la cual tendría intereses el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado.
"Una vez resultas las recusaciones pendientes, y por ende, cuando se reanude el proceso de elección del director dela CAS, las sesiones del Consejo Directivo que se convoquen para los efectos, deberán cumplir con los términos para convocatoria establecidos en los estatutos. Es decir, para las sesiones ordinarias, con cinco días hábiles de antelación, y para las extraordinarias, tres días calendario, situación que debe ser prevista en el proyecto de acuerdo", afirmó la Procuraduría.













