El exsuperintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aseguró que todo el trámite para la concesión de los derechos de las marcas Ron Búcaro y Aguardiente Superior, gestionada por particulares en 2020, se hizo conforme a las normas.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Luego de la gran controversia provocada por la noticia de que cuatro particulares estrechamente ligados a la casa política Villamizar, de Santander, tramitaron ante las autoridades y ahora son los dueños de los derechos de marca de la otrora empresa pública Licorera de Santander y sus productos Aguardiente Superior y Ron Búcaro, las autoridades de la época han explicado cómo se dio el proceso.
El superintendente de Industria y Comercio en 2020, Andrés Barreto, salió al paso de la polémica para desvirtuar versiones de posibles irregularidades, asegurando que desde la entidad que dirigía en ese momento todo el trámite se hizo ajustado a la ley.
Barreto aclaró que su despacho no fue el que conoció directamente del proceso, pues para este hay dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, una oficina que adelanta esos trámites por delegatura.
“La función de decidir sobre la solicitudes de registro de marcas está a cargo del Director de Signos Distintivos, funcionario adscrito a la Delegatura para la Propiedad Industrial (PI) de la Superintendencia”, explicó.
Por otro lado, aclaró que el proceso llevado a cabo por la SIC cumplió con los plazos y requisitos exigidos por la normatividad para este tipo de procesos y en desarrollo del trpamite no hubo ninguna objeción, ni de entidades ni particulares.
“El Superintendente de Industria y Comercio no conoce de solicitudes de registro de marcas, siendo su única función en materia registral de propiedad industrial la concesión o negación de las patentes de invención. En el trámite administrativo de registro y concesión no hubo oposiciones. La SIC no encontró que la marca se encontrara en alguna de las causales de irregistrabilidad de la norma comunitaria (Decisión 486 de la CAN) y por eso la concedió, cumpliendo los requisitos de ley”, afirmó Barreto en comunicación dirigida a Vanguardia.
Además, aclaró que en esa época los procesos de registro se realizaban de manera más rápida y expedita, razón por la cual, para su juicio, el proceso de otorgamiento de la marca Aguardiente Superior, no se otorgó de manera ‘exprés’, como se ha calificado en redes sociales.
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“La solicitud de registro de la marca “Aguardiente Superior” se radicó el 21 de mayo de 2020 y el acto administrativo de su concesión se expidió el 8 de octubre de 2020. Eso no demuestra ninguna “concesión exprés”. Para la época la Delegatura de PI era más rápida y expedita en materia registral. Además, el solicitante de la marca pidió expresamente en el formulario de registro “la concesión anticipada de la solicitud antes de 6 meses”, como lo hacen diariamente muchos solicitantes”, agregó el Andrés Barreto.
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¿Negligencia departamental?
En el mismo contexto, el exfuncionario aseguró que el proceso no tuvo ninguna objeción por parte de la administración departamental de la época. En ese momento transcurría el mandato del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.
“Si alguien, como el Departamento de Santander u otro tercero, se sentía con un mejor derecho, debía presentar la oposición dentro del trámite de registro marcario. Estamos frente a una posible negligencia por parte de la Industria Licorera Departamental al dejar caducar su marca, y que un tercero – sin oposición alguna – la registrara legalmente”, puntualizó Barreto.
Para el exsuperintendente Barreto, en este caso – como en muchos casos de marcas –, un particular vio una oportunidad de negocio con una marca antigua que se encontraba caducada hace mucho tiempo y que legalmente no pertenecía a nadie para obtener su registro, razón por la que la SIC no podía negarla de oficio al no haberse presentado oposición alguna.
La versión de los nuevos propietarios
La Unidad Investigativa de Vanguardia se comunicó con Alcibiades Blanco y Danny Villamizar, representante legal y suplente, respectivamente, en la firma Empresa Licorera de Santander SAS, pero ambos canalizaron sus declaraciones al periódico a través de su abogado, Jhoan Manrique, apoderado para tratar este tema.
El abogado Manrique desestimó todos los señalamientos en contra de las actuaciones de sus apoderados y aseguró que todo el proceso de propiedad de la Empresa Licorera ha estado revestido de legalidad.
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Según el jurista, cuando se hizo el registro ante la Cámara de Comercio para inscribir el nombre de la razón social de la Empresa Licorera de Santander SAS, la entidad hizo una revisión de legalidad para descartar homonimia (nombre similar).
“La Cámara revisó que pudiera causar confusión, pero en este caso se valida el registro sin ninguna objeción, porque desde el 2002 el liquidador de esa empresa registró algo que se llama cuentas finales, y las cuentas finales es el último documento que se lleva el registro dejando habilitado ese nombre desde esa época”, explicó Manrique.
De la misma manera, desestimó alguna inconsistencia en el registro de las marcas industriales de Aguardiente Superior o Ron Búcaro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.
Asegura que la SIC hace un estudio de forma para verificar si estaba bien presentado, se publica en una gaceta 60 días hábiles para que cualquier persona que considere que no se debe otorgarse ese registro presente su oposición y así la Superintendencia decida si otorga o no el registro.
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“En este proceso no hubo ninguna objeción de nadie. Además, la Superintendencia también hace un control de legalidad, encontrando que no había ningún riesgo, entonces otorgó la titularidad de esas marcas a mis apoderados”, agregó el abogado Manrique.
En conclusión, según el representante jurídico de los involucrados, actualmente la firma Empresa Licorera de Santander SAS y sus marcas insignias Ron Búcaro y Aguardiente Superior son propiedad de Danny Ramírez y Alcibiades Blanco, con todas las atribuciones que le otorga la ley, al menos hasta los próximos 10 años.
