Usuarios denuncian falta de información clara en contratos y tarifas.
Una de las operadoras de telecomunicaciones más grandes del país enfrenta un proceso formal ante la entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores colombianos. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Resolución No. 21211 del 26 de marzo de 2026, mediante la cual inició una investigación administrativa contra la sociedad Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC, más conocida en el mercado por su nombre comercial Movistar.
El proceso se originó en una serie de denuncias radicadas por usuarios inconformes con cobros que habrían aparecido en sus facturas sin que ellos los hubieran autorizado. Además: Nueva tecnología reemplazaría el Wi-Fi: transmisión de datos con luz alcanza velocidades récord
La raíz del problema son los equipos instalados sin aprobación expresa
De acuerdo con la SIC, los denunciantes reportaron que la empresa les habría facturado el uso de equipos repetidores de WiFi denominados técnicamente ‘Baseport’, sin contar con el consentimiento previo y expreso de cada abonado.
Estos dispositivos, que funcionan para ampliar la señal inalámbrica dentro de los hogares, habrían generado cargos adicionales en las cuentas de cobro desde agosto de 2020 hasta mayo de 2024, según el periodo que analiza la entidad. Le puede interesar: SIC investiga a Movistar por presuntas prácticas irregulares
La situación fue objeto de una etapa de averiguación preliminar, durante la cual la SIC recopiló información tanto de los denunciantes como de la propia compañía, lo que derivó en la formulación de un pliego de cargos oficial.
La investigación busca establecer si Movistar vulneró el derecho que tienen los usuarios a elegir en todo momento los equipos utilizados para acceder a su servicio de internet, sin que se pueda presumir su voluntad de aceptar ningún elemento adicional.
Esto implica que la operadora debió contar con una autorización explícita de cada cliente antes de asignar y cobrar cualquier dispositivo de este tipo.
Transparencia y contratos, también bajo la lupa
Más allá del asunto central de los equipos repetidores, la SIC identificó otros posibles incumplimientos que amplían el alcance del proceso. Uno de ellos se refiere al derecho de los usuarios a conocer con exactitud las tarifas aplicables a los servicios que contratan.
Publicidad
Según el análisis de la entidad, los cargos relacionados con los ‘Baseport’ habrían llegado a las facturas sin haber sido informados ni aceptados previamente por los afectados, lo que los convierte en cobros sorpresa. Siga informado: Qué implica la fusión entre Tigo y Movistar tras el aval condicionado de la SIC
Adicionalmente, la superintendencia formuló un cargo relacionado con el presunto incumplimiento de la obligación de brindar información suficiente, oportuna y verificable a los abonados.
Según la entidad, la operadora no habría mantenido actualizado el contrato único de prestación de servicios fijos ni garantizado que los usuarios pudieran acceder a su contenido, condición indispensable para que cualquier consumidor conozca las condiciones vigentes de su relación contractual con la empresa. Le puede interesar: ¿Qué pasará con los clientes de Movistar si se aprueba la compra por parte de Millicom?
Las consecuencias económicas que enfrentaría la operadora
Si la SIC llega a comprobar las conductas que se investigan, la compañía podría enfrentar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada infracción cometida, una cifra que podría resultar considerablemente elevada, dependiendo del número de infracciones que se determinen en el proceso.
Movistar cuenta con un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de su notificación formal, para ejercer su derecho de defensa y allegar las pruebas que considere pertinentes. La normativa vigente establece que contra el acto administrativo de formulación de cargos no proceden recursos legales inmediatos, por lo que la compañía deberá esperar el desarrollo del proceso para impugnar las conclusiones que llegue a emitir la entidad.
