Un informe preliminar de la Contraloría General de Santander advierte de unos presuntos sobrecostos por $1.604 millones en contrato para fortalecer la autonomía laboral de las mujeres del departamento, firmado por la administración de Mauricio Aguilar.
Publicado por: Oscar Iván Rey Herrera
Una auditoría financiera y de gestión de la Contraloría departamental descubrió presuntos hallazgos fiscales por las presuntas irregularidades en el contrato 4116 de 2023 suscrito por la Secretaría de la Mujer y la Unión Temporal Mujer 2023 para la implementación de acciones para el fortalecimiento económico, para la autonomía laboral de las mujeres del departamento, por valor de $6.197 millones.
Según el informe auditor, dicho contrato registra sobrecostos de al menos $1.604 millones en los insumos de logística y realización de las actividades de promoción y difusión, así como la falta de soportes en la ejecución del proyecto.
Particularmente, la Contraloría puso en duda el estudio de mercado utilizado por la administración departamental para sustentar financieramente el monto de la licitación pública del millonario contrato de empoderamiento a las mujeres del departamento en materia econónimica.
“De acuerdo con lo reportado en el análisis de precio que se llevó a cabo en el estudio del sector para el proceso de selección, se invitaron a presentar tres cotizaciones a diferentes empresas, las cuales, pese a que fueron revisadas y avaladas por Jaime Palacios Parra, CPS adscrito a la Oficina de Contratación de la Gobernación, no hacen parte de los documentos precontractuales del proceso”, advierte la Contraloría.
En tal sentido, el ente de control fiscal realizó su propio sondeo del mercado logrando corroborar sobrecostos en prendas como chalecos, camisetas polos y gorras, entre otros insumos.
Sin embargo, las mayores inconsistencias advertidas por la Contraloría estarían en los ítems 3 y 4 del contrato, 4116 de 2023, los cuales tenía como objeto la entrega de un apoyo económico de hasta $4 millones a 1.106 proyectos productivos liderados por mujeres, además, la entrega de apoyos económicos hasta por $20 millones a 20 proyectos productivos asociativos liderados por mujeres.
Según la auditoría de la Contraloría, no hay evidencias que demuestren que la Secretaría de la Mujer efectivamente hizo entrega de los millonarios auxilios económicos.
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“De acuerdo con los soportes presentados por parte del contratista que corresponde al resumen financiero del acta parcial del informe de actividades, no se evidencian ni se soportan las actividades 3 y 4 respecto a la entrega de herramientas de trabajo a las beneficiarias tanto para los proyectos productivos individuales como asociativos”, reseña la Contraloría.
Por estos hechos, el ente de control advierte un presunto daño fiscal de $1.604 millones, para tal fin la Contraloría señala a la exsecretaria de la Mujer, María Fernanda Artavia; como ordenadora del gasto; Sergio Adrián García, como supervisor; y Diego Armando Mantilla, representante legal del contratista, como los presuntos responsables fiscales de los millonarios sobrecostos en el contrato 4116 de 2023.
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Recurrentes contratistas
A finales del mes de agosto del año pasado, en plena época electoral de cara a los comicios locales, y tras un cuestionado proceso licitatorio, la Secretaría de la Mujer departamental, en cabeza de María Fernanda Artavia, firmó el contrato 4116 de 2023, con la Unión Temporal Mujer 2023, para la implementación de acciones para el fortalecimiento económico, que contribuyan con la autonomía laboral de las mujeres del departamento de Santander. Contrato por valor $6.197 millones.
El convenio tenía como fin suministrar con herramientas tecnológicas o enseres a mujeres del departamento para que emprendieran sus proyectos productivos, implementación que quedó a cargo de la Unión Temporal Mujer 2023, consorcio empresarial conformado por las firmas Procarp SAS, con el 70 %; Fundación Caminos Abiertos, con el 10 %; y Vórtices SAS, con el 20 %. Todas estas empresas serían recurrentes contratistas de la administración Aguilar.
Entre el 2022 y el 2023, Procarp SAS, la empresa con mayor participación en la Unión Temporal y que es representada legalmente por Juan Carlos Celis Leguízamo, suscribió cuatro contratos con la Gobernación de Santander por valor cercano a los $500 millones.
A pesar de ser la integrante de la Unión Temporal con la menor participación accionaria, la Fundación Caminos Abiertos representada por Jhon Alexander Rincón Rojas es uno de los contratistas del consorcio empresarial con mayor experiencia contractual, al haber logrado 40 contratos por cerca de $11 mil millones. Tan solo en el 2021, la fundación obtuvo un contrato por $4 mil millones con la administración de Santander para la implementación de una estrategia integral de caracterización de la población víctima del conflicto armado focalizada en el departamento.
Situación similar ocurre con la firma Vórtice SAS, que con el 20 % de participación en la Unión Temporal Mujeres 2023, registra la mayor experiencia en contratación pública, con cerca de 50 contratos con el sector público, especialmente con el Hospital Psiquiátrico San Camilo, en la administración Aguilar.
